Sonia López Cardiel, diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, presentó una iniciativa de ley para esterilizar a las mujeres que decidan abortar por segunda ocasión.
De esta manera, la legisladora y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso estatal, pretendía cambiar el Código Penal y de la Ley de Salud de Quintana Roo para garantizar que la mujer no pudiera practicarse un tercer aborto.
De acuerdo con ella, esta medida apoyaría a la salud de las mujeres, pues el aborto es "desgastante para su salud física y mental". Asimismo, según la visión de la funcionaria, contribuiría a disminuir la cantidad de niños en situación de calle, de analfabetismo y de pobreza extrema.
Su propuesta fue rechazada por el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO) y por distintos colectivos, que catalogaron la iniciativa como discriminatoria al limitar los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y una planificación familiar.
"Se trata de una medida punitiva y discriminatoria que refleja prejuicios y estereotipos de género, ya que se castigaría la mujer por abortar y de manera específica, a las mujeres que viven vulneradas y empobrecidas, sn tomar en cuenta las distintas situaciones que viven las mujeres en las que el aborto se volvería una opción", señaló el CEDHQROO.
Por su parte, la Red Quintanarroense por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Juventudes dijo este lunes que el planteamiento de la diputada López Cardiel "fomenta el odio hacia las mujeres al criminalizarlas por su condición de embarazo no deseado".
la Red señaló que la esterilización forzada es un crimen de lesa humanidad, según lo estipulado en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma.
"Las propuestas vertidas en la citada iniciativa van en contra de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por México, que ya son parte del derecho interno acorde a lo señalado por el artículo 1 de la Constitución Mexicana en su reforma del 2011″, señaló la red compuesta por 14 organizaciones en defensa de los derechos humanos y reproductivos.
Fue el 13 de marzo cuando la legisladora presentó ante el pleno la iniciativa que reformaba el código penal para que toda mujer que tuviera la intención de someterse por segunda ocasión al aborto "no punible", estuviera obligada a firmar una carta de consentimiento informado para ser sometida a la aplicación de un método anticonceptivo definitivo.
En torno a las reformas al artículo 97 del Código Penal, referente a las causales para permitir que una mujer aborte en el estado, se proponía añadir las condiciones económicas de la pareja para suspender el embarazo.
Hasta el momento, Quintana Roo considera como causas justificables de aborto la violación, padecimientos relacionados con alteraciones genéticas, resigo de muerte para la madre o algún accidente.
La Ciudad de México es el único estado del país en permitir la interrupción legal del embarazo antes de que se cumplan 12 semanas de gestación, sin importar la causa o motivo de las mujeres para recurrir a él. Según datos presentados por la Secretaría de Salud local, a 12 años de declararse constitucional la interrupción legal del embarazo (ILE), en los servicios de salud se han realizado 209,359 procedimientos.
Desde 2017, el 5.6% del total de atenciones fue para menores de 18 años, mientras que el 83% llegan hasta los 35 años. De acuerdo con las autoridades, existe una relación entre la ILE y el embarazo en menores de edad, y se considera un problema de salud pública al ser un grupo social con mayores desventajas en el acceso a consejería, métodos anticonceptivos y educación sexual integral.
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