Alejandro Gertz Manero recibió la Fiscalía General de la República con 21,000 órdenes de aprehensión incumplidas

Después de 100 días al frente de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero dio un diagnóstico del estado en que recibió la institución y mencionó las acciones que emprenderán en casos pendientes como el de Odebrecht.

A decir de Gertz, en la antigua Procuraduría General de la República se hallaron diversas irregularidades como el rezago de 300 mil averiguaciones sin resolver. Explicó que el inexistente control de calidad judicial en las carpetas y en los tiempos para iniciar las investigaciones producían que las denuncias quedaran frenadas meses o incluso años.

En este contexto resaltó que el cinco por ciento de las sentencias definitivas no alcanzó resolución; por otro lado, tienen 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y 28 mil mandamientos judiciales sin cumplir.

También expuso el descontrol respecto a la compra de automóviles, gastos que no fueron justificados en viáticos y servicios, adquisición de aeronaves a precios inflados, renta de edificios, así como personal ministerial asignado a guardaespaldas de funcionarios y asignación de plazas sin razón.

Además, dijo que no había control de los 4 mil elementos policiales que hay para todo el país, de los cuales 800 estaban asignados para la seguridad de funcionarios públicos y que entre 2013 y 2015 se destinaron más de mil millones de pesos en capacitación, mantenimiento y seguros en drones y aeronaves sin adjudicación directa.

Respecto al caso Odebrecht, el fiscal dijo que la judicialización por delincuencia organizada comenzará en menos de 60 días. La investigación será presentada ante un juez, quien determinará si hay elementos suficientes para consignar. No obstante, mencionó que se respetarán los acuerdos con el gobierno brasileño en el caso de que hubiesen funcionarios involucrados.

En relación a la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el titular de la Fiscalía dejó claro que apoyará la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y trabajará con los familiares para que "se reponga el procedimiento, se recupere la credibilidad y la justicia".

La investigación de la Estafa Maestra, comentó Gertz Manero, ya se está reestructurando debido a que actualmente los casos están aislados. Detalló que se trató de un daño por probablemente más de 5 mil millones de pesos y que desde el inicio debió investigarse como un posible delito de Estado.

Por otro lado, y en relación a la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, Gertz aceptó que hubo un "atraso de Pemex" para atender la fuga, pero también explicó que existe un peritos especiales en siniestros petroleros del FB van a dictaminar sobre el caso.

Además, mencionó que todavía existe un proceso de investigación, pero tienen los peritajes suficientes para reconocer a los responsables de convocar a la población a la zona donde ocurrió la explosión.