Sectores se unen para condenar los ataques a mujeres con ácido y otras sustancias

La reciente visibilidad que han tenido las mujeres víctimas de violencia de género y ataques con ácido ha develado la urgencia de regular estas sustancias corrosivas y adaptar la legislación para asegurar la protección efectiva y el acceso a la justicia para las familias afectadas.

México actualmente no cuenta con una legislación encaminada a prevenir y controlar estos actos violentos y con tintes de odio hacia las mujeres, lo que ha generado una ola de impunidad entre los agresores.
Testimonios como el de Nirvana García, Carmen Sánchez o Ana Elena Saldaña, dan cuenta sobre lo común que resulta esta manifestación de violencia extrema en el país y el silencio que por años ha prevalecido entre las autoridades y la sociedad civil respecto a tan grave problema.

El día de ayer se llevó a cabo el conversatorio "Violencia Extrema contra las Mujeres. Ataques con Ácidos o Sustancias Corrosivas: retos para la protección efectiva de derechos y el acceso a la justicia", realizado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX).

El objetivo de la reunión, en la que participó el Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX), la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, además de distintos especialistas, fue abrir el dialogo entorno a esta problemática y generar soluciones integrales.

La diputada Alessandra Rojo de la Vega, quien hace poco presentó una iniciativa ante el Congreso para castigar a quien haga uso de sustancias corrosivas o ácido, con el fin de dañar a otra persona, señaló durante el conversatorio la importancia de entender que no todos los casos de violencia extrema de los cuales las mujeres son víctimas, terminan en feminicidio, por lo que se debe distinguir cualquier lesión de aquellas que son cometidas en razón de género.

Al respecto, diversos especialistas señalaron que los ataques con ácido deben ser entendidos como la culminación de una serie de ataques misóginos y de violencia de género que las víctimas vivieron. El ataque con ácido tiene la intención de dañar la apariencia de las mujeres y su integridad física, para humillarlas frente a la sociedad.

"Los ataques con ácido son una manera de torturar a las mujeres, de castigarlas por no haber cumplido con los deseos del otro", señaló una de las participantes en el coloquio. La mayoría de las mujeres que fueron quemadas con algún material corrosivo, sufrieron durante años actos de violencia y agresión. Humillación pública, golpes, amenazas e incluso intentos de homicidio.

Por tanto, los ataques con ácido son una expresión de la violencia feminicida. La estrecha relación que tienen una con otra hace urgente la generación de estrategias de prevención para controlar el acceso a las sustancias corrosivas.

Víctimas de quemaduras con ácido en México

"Se tiene que regular la venta del ácido porque por 25 pesos cualquiera puede comprar un bote en cualquier ferretería", dijo Alessandra Rojo en entrevista para Infobae México.

El país no cuenta con datos sobre este delito, sin embargo, Acid Survivors Trust International (ASTI), una organización especializada que trabaja con Naciones Unidas, calcula que anualmente se producen más de 1.500 agresiones, de las cuales el 80% son mujeres.

Los casos se han incrementado desde hace 20 años, por lo que "es imposible que esto siga sin legislarse y tenga apoyos para las víctimas".

El adaptar el marco jurídico a la realidad violenta que padecen las mujeres es la única manera de evitar que las desigualdades de género para el acceso a la justicia se perpetúen, y para ello hay que entender que la violencia extrema no puede estar categorizada sólo en feminicidios.

La violencia de género en cifras

La razón de género es clave, pues las agresiones cometidas en su contra son de carácter pasional, con sentido de propiedad, celos y engaño, pero sobretodo, ocurren por el mero hecho de ser mujer.

La violencia de género vive uno de sus momentos más álgidos  en México. Datos proporcionados por las autoridades durante el conversatorio revelaron que en 2018, se realizaron 1072 solicitudes de medidas de protección ante el TSJCDMX en materia penal, de las cuales 912 fueron de mujeres y el 92% se relacionó con la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio. En lo que va de 2019, 144 mujeres han solicitado el mismo tipo de medidas.

La violencia en la Ciudad de México también va en aumento. De acuerdo con el reporte 2018 sobre incidencia delictiva, las violaciones crecieron 124.2% en la ciudad respecto al año pasado, mientras que los feminicidios aumentaron 8.6%. La ciudad ocupa el lugar 19 respecto a violencia feminicida en el país, y tan sólo el pasado se abrieron 40 carpetas de investigación por este delito.

Es la primera vez que se presenta un aumento en la tasa anual desde 2015, cuando comenzó el registro del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, según información oficial. A ello se suma una prevalencia de la violencia contra las mujeres en esta zona, pues 50 de cada 100 féminas declaró haber sufrido algún tipo de violencia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2014.

Atención integral para combatir la revictimización 

La violencia misógina es una realidad que, sin embargo, se puede controlar y regular. En ese sentido, México debe empezar por controlar el acceso al ácido sulfúrico y la sosa caustica, que son los dos más comunes con los que se daña a las víctimas.

Se debe generar una respuesta integral, con un diálogo interinstitucional que capacite y sensibilice a los trabajadores ante las víctimas, quienes hasta el momento han dado testimonios en los que se refleja una incompentencia por parte de las distintas instancias para asesorarlas y apoyarlas.

La atención hacia las víctimas debe ir más allá de la atención inmediata que les toca, pues los ataques con ácido deja secuelas que durarán toda la vida, ante lo que es una responsabilidad gubernamental asegurar su bienestar y seguridad.

Además, se debe tomar una medida efectiva contra los agresores y un servicio médico con perspectiva de género, para evitar que casos como el de Carmen Sánchez, a quien su médico ISSSTE le dijo que sus cirugías eran de carácter estético, se sigan repitiendo.

Cómo surgió la iniciativa de ley

Alessandra Rojo, miembro de la bancada del Partido Verde, dio el primer paso para tipificar estos delitos, con lo que se busca establecer una pena de 14 años de prisión para quienes cometan este delito.

Su iniciativa la toca personalmente, pues una de las víctimas, Ana Elena Saldaña, la contactó particularmente para pedirle ayuda. Así lo contó en entrevista.

"Cuando me contactó le pregunté en qué podía ayudarle, qué podía hacer, y fue ahí cuando vimos que había un vacío en la ley".

A raíz de que se hizo visual Ana, más víctimas la contactaron. "Cada vez han salido más victimas en el país; no sólo en la Ciudad de México, sino en Puebla, en el Estado de México, Pachuca."

Fue en respuesta a ellas que la diputada presentó estas reformas a la ley. Espera que se dictamine pronto, pues hay "que poner castigos ejemplares de manera urgente".

Rojo de la Vega contó que también se está viendo la posibilidad de que estas personas puedan acceder al fondo que tiene el gobierno para las mujeres que han sido violentadas y generar mejores estrategias para que reciban atención psicológica, física y jurídica.

Aunque una reforma a la ley no va a devolver a las víctimas su apariencia, el correcto tratamiento de sus casos podría ayudarles a recobrar su seguridad, su integridad y su vida. Pues como dijo una de las víctimas presentes en el conversatorio: "Las mujeres queremos vivir libres, queremos vivir seguras en esta ciudad y en este país".