El Ejército y la Marina en México desempeñan desde 2006, como parte de la guerra contra el narcotráfico, funciones que deberían estar a cargo de las policías civiles, sin que existan leyes adecuadas que limiten el uso de la fuerza.

En el Congreso está parada la polémica Ley de Seguridad Interior, que según explicaciones del oficialismo pondría límites a la actuación de las fuerzas armadas, pero que de acuerdo con organizaciones de derechos humanos aumentaría la represión.

El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) muestra que entre enero de 2015 y septiembre de 2016 se registraron los siguiente reclamos en contra de militares: 37 quejas por privación de la libertad, 12 por desaparición forzada, 36 por tortura y 372 por trato cruel e inhumano.

Los videos de Palmarito

Durante la madrugada entre el 3 y el 4 de mayo en Palmarito Tochapan, Puebla, militares buscaban huachicoleros (ladrones de combustibles) y se produjeron enfrentamientos. Esta semana salieron a la luz graciones de estos choques. En un primer video, se observa que un militar da el tiro de gracia a un presunto delincuente. Y en otro se ve a un civil armado asesinando a un militar.

La CNDH y distintos sectores de la sociedad civil pidieron una investigación. El Ministerio de la Defensa anunció que revisará el asunto para deslindar responsabilidades.

En el enfrentamiento murieron 10 personas, seis civiles y cuatro militares.

Los niños de Ostula

El 19 de junio de 2015, otra intervención del Ejército grabada en video dejó en evidencia presuntos abusos. En el pueblo de Santa María Ostula, en el estado de Michoacán, un enfrentamiento con civiles armados dejó un saldo de tres muertos, entre ellos dos niños, y un número indeterminado de heridos.

En un operativo conjunto en la región, fuerzas de todos los niveles, incluyendo el ejército, arribaron a la comunidad para detener a integrantes de la llamada policía comunitaria (integrada por ciudadanos).

Organizaciones civiles, como la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, emitieron un comunicado en el que acusaron que en poblaciones de la zona, como El Duin y La Ixtapilla, "los militares usaron gas lacrimógeno y comenzaron a disparar de manera indiscriminada".

El comandante Felipe Gurrola Ramírez, designado por el gobierno federal como encargado de la seguridad en el estado, afirmó en conferencia de prensa que "la autoridad actuó siempre apegada a derecho y nunca se agredió a nadie", y culpó a grupos civiles armados de las muertes.

La mujer con la bolsa en la cabeza

En abril de 2016, se hizo público un video en el que militares y policías federales torturaban a una mujer.

La agresión ocurrió en Ajuchitán, Guerrero, en febrero de 2015. Las imágenes muestran a una integrante de la Policía Militar y a un agente de la Policía Federal mientras interrogan a la mujer, presuntamente relacionada con secuestradores, con una bolsa de plástico en la cabeza.

La detenida, en medio del llanto, pide clemencia a los uniformados, quienes le quitan la bolsa mientras le hacen más preguntas. Un integrante de la Policía Militar se encuentra en el lugar y no hace nada. El video fue grabado por los mismos elementos que participaron en el interrogatorio.

Casi al final del video se aprecia cuando el policía federal se acerca a la mujer para ponerle otra bolsa en la cabeza y asfixiarla por unos segundos. Con la detenida ya en el suelo, la mujer vestida de militar le pregunta: "¿Ya te acordaste o quieres más?".

La Defensa supo de lo sucedido meses antes de que se hiciera público el video y comunicó que dos de los cuatro elementos que participaron fueron detenidos.

Las ejecuciones en Tlatlaya

En lo que fue llamada la primera masacre del gobierno de Enrique Peña Nieto, el 30 de junio de 2014, elementos castrenses abatieron a 22 civiles, presuntamente criminales, en una bodega en el poblado de Tlatlaya, en el Estado de México.

Una mujer que fue testigo de la matanza contó a la revista Esquire: "Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron: '¿No que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?'. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que 'esos perros no merecen vivir'. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Había un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos".

En un principio, las autoridades negaron que se hubiera tratado de una ejecución sumaria, pero el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tuvo acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, a cargo de la zona, y asegura que el mandato fue "abatir delincuentes en la oscuridad".

La Justicia militar detuvo a ocho elementos, pero en marzo de 2016 siete fueron absueltos.

Los 43 normalistas

En medio de la indignación por la ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya, el 26 de septiembre de 2014 se reportó la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

El gobierno mexicano admitió, incluso, que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigara el caso; sin embargo, el grupo terminó por retirarse ante la falta de condiciones para realizar su función.

Las versiones sobre la desaparición de los estudiantes han cambiado una y otra vez: van desde intentar ligarlos con grupos locales del narco hasta que fueron incinerados en un basurero, a tan altas temperaturas que a los restos no se les puede hacer pruebas de ADN.

Los padres de los desaparecidos, la CIDH y la sociedad civil han pedido que se esclarezca la participación del 27 Batallón de Infantería de Iguala en la desaparición de los jóvenes.

Los estudiantes fueron a Iguala a secuestrar autobuses para asistir a una manifestación en la Ciudad de México. Una vez que tenían los dos vehículos que necesitaban, hubo un enfrentamiento en el que habrían participado policías municipales.

La Fiscalía Federal ha descartado cualquier intervención de militares en el caso, pero en México han circulado fotografías de los normalistas heridos presuntamente tomadas por elementos castrenses en un hospital.

Desde el inicio de las investigaciones, Omar García y David Flores, sobrevivientes de la llamada "Noche de Iguala", han señalado que en el enfrentamiento hubo presencia de personal militar en las calles de Iguala.