
Estados Unidos tiene una nueva regla en el Registro Federal, el diario oficial estadounidense, que da facultad a las autoridades de inmigración para pedir información a los solicitantes de visa o ingreso sobre todo lo que publicaron en redes sociales en los últimos cinco años.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá exigir que entreguen el nombre de usuario y las plataformas de los medios que han utilizado. Además de recolectar datos personales tomaran toda la información disponible ahí y la utilizarán para tomar la decisión sobre si conceder o no la visa o entrada al país.
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De acuerdo con el protocolo, la acción está fundamentada en la orden ejecutiva 13780, que fue firmada por el presidente de EEUU, Donald Trump, en marzo de 2017, con la cual intentaba evitar la entrada de terroristas. Su periodo de comentario público es de 60 días, tiempo que termina el 4 de noviembre.

Pero la nueva regla ha sido interpretada como una nueva manera del mandatario estadounidense para evitar la entrada de inmigrantes, así lo expresó Jaime Barrón, abogado de inmigración en Dallas, Texas al medio hispano Univisión.
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Este gobierno, dijo el abogado está "buscando y utilizando todas las opciones proteccionistas para evitar la entrada de personas al país de manera legal".
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El DHS tomará en cuenta toda la información publicada o transmitida en los perfiles de redes sociales del solicitantes que esté disponible al público en línea, aún cuando sea por suscripción o compra, sin importar la nacionalidad siempre y cuando sean extranjeros.
En el protocolo explica que la recopilación de información será necesaria para "evaluar la elegibilidad de un extranjero para viajar o ser admitido en EEUU o para recibir un beneficio relacionado con la inmigración", esto incluiría las solicitudes de refugio en ese país o visas humanitarias.
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Anteriormente, el gobierno ya utilizaba la información de redes sociales para conceder o negar la entrada al país, pero con la nueva regla ampliarán el margen de investigación y los campos de revisión para "identificar posibles engaños, fraudes y también a criminales y terroristas".
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El monitoreo de redes sociales por parte del gobierno estadounidense ha sido criticado porque violenta la libertad de expresión e invadir la privacidad de las personas. Ese argumento fue utilizado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en enero de este año para demanda a siete agencias federales, incluidas las de inmigración.
Algo similar dijo Human Rights Watch (HRW) en febrero de 2017 sobre este tema, que calificó de "extraordinariamente invasiva" y eso podría derivar en que otros países apliquen la misma medida a los ciudadanos estadounidenses.
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Esto luego de que John Kelly, quien entonces era secretario del DHS, sugiriera ese protocolo. La organización dijo que "el acceso podría revelar años de comunicaciones privadas o pertenencia a grupos privados, y afectaría a todos aquellos con quienes una persona se haya comunicado".
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