Chats de WhatsApp no bastan: TEPJF marca restricciones para su admisión como prueba en juicios electorales

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definió nuevas restricciones para la admisión de chats de WhatsApp y otras comunicaciones privadas como prueba en juicios electorales, luego de revocar la sanción impuesta a la ciudadana Emma Zermeño por supuesta violencia política de género.

La Sala Superior resolvió que, salvo excepciones, estos mensajes solo pueden ser admitidos si los entrega voluntariamente una de las partes involucradas y siempre que existan garantías de autenticidad y trazabilidad.

El fallo, votado de forma unánime en marzo, también confirmó la sentencia previa del Tribunal Electoral del estado de Sinaloa, que había declarado improcedente la denuncia presentada por la diputada local Almendra Negrete. El caso partió de conversaciones privadas filtradas por un tercero ajeno al procedimiento, lo que motivó la decisión del TEPJF de fijar criterios estrictos para el uso de este tipo de pruebas.

Mensajes presentados por una tercera persona no son válidos

La Sala Superior determinó que, en el ámbito administrativo electoral, la voluntariedad y el interés directo de quien aporta la prueba son requisitos indispensables. Solo pueden admitirse chats o mensajes si los presenta una de las partes que intervino en la conversación y que además tenga interés directo en el procedimiento. Si la prueba proviene de una persona ajena, como ocurrió en este expediente, carece de valor probatorio.

En el caso de Emma Zermeño, las capturas de pantalla fueron aportadas por un tercero, por lo que el tribunal consideró que no se acreditó la excepción constitucional que permite levantar el secreto de las comunicaciones privadas. La decisión subraya que el estándar de admisión de pruebas digitales exige también verificar la trazabilidad y la autenticidad de los mensajes.

Privacidad y derechos fundamentales en el centro del debate

El tribunal resaltó que las comunicaciones privadas gozan de protección constitucional, según el artículo 16 de la Carta Magna y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las autoridades electorales deben justificar de manera reforzada la admisión de chats, garantizando que no se incurra en una invasión injustificada a la vida privada.

La magistrada Claudia Valle Aguilasocho enfatizó durante la discusión que la violencia política de género encuentra un límite en la vida privada y que revisar conversaciones sin consentimiento vulnera la libertad de expresión en el ámbito íntimo. “La libertad de opinar en el espacio privado tiene también una salvaguarda de amplitud relevante”, dijo.

Se debe diferenciar entre procesos penales y administrativos

El Tribunal estableció que la admisión y valoración de pruebas digitales requiere un estándar reforzado, compuesto por tres elementos: voluntariedad, trazabilidad y autenticidad. Debe quedar plenamente acreditado que la comunicación aportada lo fue por una de las partes con interés directo, que los mensajes provienen del número y la cuenta correspondiente y que la conversación se presenta íntegra y sin manipulación.

Este criterio busca evitar que las autoridades basen sus resoluciones en pruebas susceptibles de alteración y protege tanto la privacidad de las personas como la validez del debido proceso. La resolución remarcó que la excepción a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas aplica principalmente en procesos penales, donde el contenido de los mensajes se relaciona con la comisión de delitos, no en procedimientos administrativos sancionadores como los electorales.