Procuraduría advierte posible violación de derechos en la búsqueda de personas desaparecidas

El Ministerio Público recomendó hacer dos audiencias públicas con el ánimo de respetar los derechos de las víctimas

El colectivo Orlando Fals Borda y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas de la Fiscalía entregaron los restos humanos, su familia lo estuvo buscando desde el 2005.
El colectivo Orlando Fals Borda y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas de la Fiscalía entregaron los restos humanos, su familia lo estuvo buscando desde el 2005.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que se establecieron en 27 cementerios de los departamentos de Risaralda y Quindío. Esto, en obediencia a las labores que realiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), quien señala que, al parecer, en estos cementerios habrían cuerpos de personas reportadas como desaparecidas.

En esta diligencia, la Procuraduría General de la Nación intervino para advertir la necesidad de gestionar acciones que permitan evitar la declaratoria de un estados de cosas inconstitucional por el incumplimiento sistemático de los deberes que la justicia transicional tiene frente a las víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada.

El estado de cosas inconstitucional se presenta cuando existe “una violación masiva, generalizada, sistemática y estructural de los derechos fundamentales”, aclaró el ente de control político. Por esta razón, se necesita de la ejecución de medidas que permitan superar dicha vulneración.

De igual forma, el Ministerio Público aseguró que esta situación, que atenta al respeto de los derechos fundamentales, requiere de un seguimiento constante luego de su implementación por parte de las autoridades judiciales y los órganos de control.

El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, intervino en la audiencia para sostener que este tipo de diligencias que adelanta la justicia transicional no pueden realizarse de manera individual, toda vez que esta gestión supera as capacidades que se realizan en los territorios.

“Mal pueden seguirse tramitando esas necesidades de una manera fragmentada, individual, focalizada en los territorios, ya que se rebasó la capacidad de respuesta de una audiencia de medida cautelar focalizada o territorializada”, precisó el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta.

Como solución al problema planteado, el representante de la Procuraduría elevó una solicitud a la JEP para que se adelanten dos grandes audiencias, como mecanismo para evitar un estado de cosas inconstitucional.

La primera audiencia, sugirió Jairo Acosta, debe estar encaminada a nivel local; gobernaciones, alcaldías, entre otras autoridades que tengan responsabilidad en el territorio. Esto, con el propósito de realizar una evaluación del cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, para de esta manera, establecer qué hace falta por cumplir en cada territorio.

La segunda audiencia, añadió el representante del Ministerio Público ante la JEP, debe realizarse con las instituciones del orden nacional y que tengan responsabilidad en la “búsqueda, recuperación y entrega de las personas dadas por desaparecidas” con el fin de determinar las competencias, límites, canales de interacción y protocolos a seguir.

En este sentido, el procurador Jairo Acosta pidió ante la JEP que se definan los protocolos de acción e intervención para cada entidad. Lo que permitiría evitar procesos fragmentados. De igual forma, llamó a que se convoque al trámite a las autoridades de los municipios de Trujillo y Riofrío del departamento del Valle del Cauca, entendiendo que son una fuente de información trascendental para las acciones que debe implementar la JEP.

Por otro lado, cabe resaltar que el representante del Ministerio Público calificó como grave y sintomático el bajo nivel de acreditación que tienen las víctimas del conflicto ante la JEP. Una situación que se agudiza, particularmente, en los departamentos del Eje Cafetero, pues, según los datos reportados por la justicia transicional, en el momento solo se encuentran acreditaras 23 personas en Risaralda, ocho en Quindío y 61 en Caldas.

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