Procuraduría insiste a la JEP en abrir macrocaso sobre violencia sexual

Si bien el Ministerio Público ya le había pedido a la Sala de Reconocimiento la apertura de una nueva sección para indagar en delitos sexuales y reproductivos, el tribunal de paz no ha hecho caso a la solicitud

En 2021 la Procuraduría le pidió a la Sala de Reconocimiento de la JEP abrir un macrocaso para investigar violencias sexuales y reproductivas durante el conflicto armado en Colombia.
 Maria Jose GONZALEZ / AFP
En 2021 la Procuraduría le pidió a la Sala de Reconocimiento de la JEP abrir un macrocaso para investigar violencias sexuales y reproductivas durante el conflicto armado en Colombia. Maria Jose GONZALEZ / AFP

Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene abiertos 10 casos, entre los cuales se investigan delitos como el secuestro, las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por el Estado (falsos positivos) y el exterminio de la Unión Patriótica, entre otros. Sin embargo, no hay ningún caso dedicado a la indagación de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto.

De hecho, la Procuraduría había solicitado en agosto del año pasado la apertura de un caso grande (o macrocaso) dedicado a la investigación de estos hechos. En la determinación proferida, le pidió a la Sala de Reconocimiento del tribunal de paz, abrir esta sección, y en el transcurso de esta semana, dicha petición fue reenviada para su cumplimiento.

Para la entidad, muchos casos de violencia sexual y reproductiva no han sido priorizados por la jurisdicción de paz, motivo por el cual enfatizan en que todos los actores armados, legales e ilegales, “han cometido diversas formas de violencia, motivados por la discriminación basada en el género y originadas en la sexualidad de las víctimas”, detalla en su pronunciamiento.

Al respecto, el capítulo ‘Mi cuerpo es la verdad’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad detalla que muchas mujeres fueron reclutadas por organizaciones insurgentes y paramilitares para huir de la violencia, el maltrato y la exclusión. Sin embargo, buena parte de los 10.864 casos escuchados en las 28 casas de la Verdad replegadas por todo el país, dan cuenta de la instrumentalización, abusos y acosos sexuales, abortos no consensuados y otros delitos cometidos contra ellas durante el conflicto interno.

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Sumado a ese concepto, los cuatro procuradores delegados ante la JEP que firmaron el pronunciamiento, señalaron también que los actores armados cometieron otras barbaries contra niñas, adolescentes, mujeres y demás personas con diversidad de orientación sexual e identidad de género que, hasta el momento, el tribunal de justicia transicional no está investigando. Por ello, insisten en la necesidad de abrir un caso 11.

En ese sentido, alegan que si bien la Sala de Reconocimiento entendió que las violencias sexuales y reproductivas fueron claves para los proyectos de expansión y control territorial planteados por los actores armados estatales, paramilitares e insurgentes; pero más allá de la gravedad de estas conductas, no se ha priorizado el macrocaso.

Vale indicar que el pasado 15 de julio, la JEP indicó en rueda de prensa que abriría un caso sobre violencia sexual cometida en el conflicto; esto luego de que la Sala de Reconocimiento le diera apertura formal al Caso 10 (crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado colombiano).

“Además del macrocaso 10, la Sala está en las etapas finales de concentración del macrocaso 08 (...) el macrocaso 09, sobre los crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos; y el macrocaso 11, sobre la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de la víctima”, detalló la jurisdicción ese mes. A tal decisión se llegó tras el pedido de colectivos de mujeres víctimas y organizaciones feministas que pedían un espacio aparte y dedicado especialmente a la investigación de esos casos.

De hecho, uno de los detonantes por los cuales la JEP ‘aceleró' ese trámite fue el conocimiento del caso de la periodista Jineth Bedoya, que fue víctima de violencia sexual por paramilitares. Mientras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estudiaba el caso, en la JEP no se han abordado otros expedientes similares.

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