
La concejala Diana Diago señaló que los daños antijurídicos que presenta Bogotá están fuera de control por la falta de garantía, de gestión y de prevención de tutelas y demandas que presenta la Secretaría Jurídica de la alcaldesa mayor, Claudia López.
Ante estos señalamientos, Diago ha expresado que varias de las alcaldías locales de la ciudad no cuentan con una vigilancia ni articulación directa con la alcaldía mayor para velar, gestionar y cuidar los recursos públicos que salen del bolsillo del bogotano.
“Se trata de un flujo de recursos muy grande que pierde el distrito cada año. Miles de millones de pesos que se dejan de destinar a los programas sociales y proyectos que necesita la ciudad, para pagarlos a terceros. Desde el 2016, de los bolsillos de los bogotanos, se han pagado alrededor de 2 billones de pesos a terceros por malas acciones o inacciones administrativas”, expresó la concejala.
Asimismo, Diago explicó que parte de la poca vigilancia de la administración de López se encuentra la contratación estatal y los presuntos casos de corrupción dentro de las acadias locales. En el caso de la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, se ha denunciado que se encuentran trabajando familiares, obviando el lema del distrito “talento no palanca”.
“Aquí el problema no es decir que se han presentado tantas demandas contra esta alcaldía o que no se han presentado, el problema es que aquí hay que prevenir y evitar esos conflictos de posible daño antijurídico. ¿Y cómo lo logramos? Garantizando que en cada uno de los cargos, quienes lo ocupen tengan las capacidades, la formación, el perfil para cumplir a cabalidad sus funciones”, expresó Diago.
En cuanto a esto, la representante del Centro Democrático añadió que Bogotá necesita una administración que articule todos los proceso judiciales y que sepa tratar, para no desaprovechar el dinero que sale de los bolsillos de los bogotanos. Al igual, que un control administrativo y político rigurosos en las contrataciones estatales.

Por otra parte, la concejala Diago rechazó el artículo del proyecto de ley de Orden Público que presentó el Gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República, que busca indultar a miembros de la primera línea, enfatizando que “los vándalos no merecen impunidad”.
Desde el portal del Concejo de Bogotá, Diago señaló que la ciudad ha sufrido las consecuencias de los actos vandálicos durante 2021, provocados por los miembros de la primera línea. Durante estas acciones la ciudad estuvo sumergida en el pánico, la zozobra y el temor por los actos contemplados durante las protestas.
Además, Diago añadió que entre los resultados lamentables que sufrió la infraestructura pública y privada de la ciudad resaltaron los buses vandalizados, CAI incendiados y estaciones de TransMilenio destruidas.
“El Gobierno Nacional pretende impunidad para tantos vándalos y delincuentes que acabaron con la infraestructura de las ciudades, que atacaron a la policía, que acabaron con la tranquilidad de los ciudadanos honorables, destruyendo las ciudades. El Gobierno quiere premiar al terrorismo urbano y da tristeza que la institucionalidad no sea capaz de defender a la ciudadanía violentada, a esos ciudadanos que padecieron los desmanes en sus barrios y localidades.”, explicó la concejala Diago.
Por otro lado, en el comunicado difundido en el portal del concejo, Diago agregó que el presidente Petro dentro de la ley de Orden Público busca absolver aquellos que fueron capturados por presuntas acciones vandálicas y delictivas en el marco del paro nacional del 2021.
“Muchos de ellos son judicializados por delitos cómo homicidio, concierto para delinquir, secuestro, tortura, entre otros, ¿Quién protege a la ciudadanía? ¿Los que transgreden la ley se van a premiar? Ojalá el Congreso no se arrodille y piense en los intereses de los colombianos”, concluyó Diago.
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