Las reacciones a la propuesta del presidente Petro para atacar la minería ilegal: “prima al pequeño minero tradicional”

El pasado sábado 20 de agosto, el presidente Gustavo Petro emitió un fuerte pronunciamiento sobre la minería ilegal en el país. En el consejo de seguridad realizado en San Pablo, municipio ubicado en Bolívar, planteó también cuál sería su estrategia no solo contra esta problemática que ha generado conflictos entre estructuras armadas en determinadas zonas del país, sino que beneficie a la actividad artesanal y ancestral.

Sobre las operaciones contra las dragas, indicó que “buscaremos el camino jurídico para ello, debe ser expedita, en cabeza de una sola institución, draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata, lo cual implica una política minera diferente a la que tenemos” y añadió que este tema será un proyecto de Ley. Dicho pronunciamiento generó varias reacciones en diversos sectores políticos, sobre todo en los indígenas. Feliciano Valencia felicitó el mensaje del jefe de Estado, argumentando que ello beneficiará a los pequeños mineros.

A través de su cuenta de Twitter, el también exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca —CRIC— manifestó que el anuncio de Petro “sobre el sector minero prima al pequeño minero tradicional a través de concesiones estatales, no el mega extractivismo”. Asimismo, señaló que aquella iniciativa condena la actividad ilegal y promueve una extracción sostenible.

Sobre este tema ya hubo un primer pronunciamiento dentro del Gobierno Petro y estuvo a cargo de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. En el marco del Séptimo Congreso Empresarial Colombiano —organizado por la ANDI—, dio a conocer que atacar la minería ilegal se convirtió en una prioridad tanto para la cartera como para el mismo mandatario. También reveló parte de la que sería la estrategia para combatir este problema que ha servido como fuente de financiación de estructuras como el Clan del Golfo.

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”Tenemos que trabajar en los territorios donde hay más susceptibilidad, y que también son ambientalmente sensible”, manifestó la jefa de la cartera ambiental el pasado 12 de agosto. Al respecto, también dijo que hay que trabajar de la mano con las comunidades para entregarles garantías sociales y económicas derivadas de la minería ancestral.

De paso, entregó los que serían dos grandes protagonistas contra esta actividad ilícita: el primero es el propio Estado, que a través de sus instituciones correspondientes deben impedir que la minería ilegal penetre en zonas de difícil acceso y donde hay comunidades vulnerables. El segundo es la comunidad internacional, y sobre este, Muhamad precisó que se requiere una veeduría de otros países, especialmente en zonas como la Amazonía.

“Cuando las autoridades de un país intentan interceder, ellos se pasan la frontera. Esto requiere una cooperación internacional en la Amazonía y un trabajo de fortalecimiento frente a la justicia”, detalló la ministra en el evento donde también intercedió el presidente Petro sobre temas económicos, gremiales y sociales.

La reacción de Feliciano Valencia no fue la única reacción ante la iniciativa del primer mandatario. El académico Gilberto Tobón Sanín advirtió la crisis ambiental que se vive en los ríos Cauca y Nechí, cuyos peces “llevan metales pesados como mercurio, arsénico, cadmio, plomo, níquel, zinc, hierro y manganeso”, provenientes de la minería.

Por su parte, Mauricio Lizcano, director del Dapre, replicó el mensaje del presidente, agregando que dio “instrucciones para crear un mecanismo expedito para destruir la maquinaria que depreda nuestra naturaleza para extraer ilegalmente oro”.

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