Procuraduría pide tumbar norma que considera discriminatoria contra comunidades afro y raizales para contratar con el Estado

Según la Procuraduría General de la Nación, las comunidades afro y raizales no tienen igualdad de condiciones para contratar con el Estado. Por eso, envió un concepto a la Corte Constitucional con el fin de que se cambien las normas que ponen en desventaja a estas comunidades.

Dicho concepto fue enviado debido a que en el alto tribunal actualmente cursa una demanda de inconstitucionalidad por parte del ciudadano José Valdés Padilla contra las expresiones que se subrayan en los artículos 1° y 2° de la Ley 2160 de 2021, en los cuales se especifica que las comunidades anteriormente mencionadas deben estar inscritas con una antigüedad de 10 años en el Ministerio del Interior para tener la posibilidad de contratar con el Estado. Esta norma constituye una clara discriminación para Valdés.

Según la demanda, las personas que no pertenecen a estas comunidades sí pueden contratar con el Estado sin la necesidad de demostrar una acreditación de tiempo, por eso considera injusto que afros y raizales tengan que demostrar tal antigüedad en el Ministerio del Interior.

Asimismo, el ente de control argumentó que esta medida es desproporcional debido a que se desconoce la igualdad que se consagra en la Constitución del 91. Por eso, pidió a la Corte Constitucional que tumbe esta norma que exige acreditación de 10 años a estas comunidades para poder contratar con el Estado.

Las palabras indígenas, afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales aparecen en varias ocasiones en su plan de gobierno. El presidente electo presenta una propuesta para estas comunidades en la que “la vida es protagonista”. Se trata de un contrato social para “el buen vivir y vivir sabroso”.

Junto con estas comunidades, Petro propone buscar una participación que incluya su apoyo para implementar los ejes de sus planes de gobierno en sus territorios, con base a “el respeto por el agua y la diversidad cultural”.

Si bien no especifica cómo será su plan de trabajo, si deja claro que el papel de los indígenas será el de ser “mediadores de paz” para buscar una “paz real”.

En un encuentro celebrado en diciembre de 2020 por la Comisión de la Verdad, que este martes entregó su Informe Final, se resaltó la importancia de las comunidades negras y raizales en Colombia y se destacó la importancia de reconocer la responsabilidad en el conflicto desde todos los sectores de la población en contra de estas comunidades.

En ese sentido, uno de los que pidió perdón por los hechos cometidos en el pasado fue Rodrigo Londoño, alias Timochenko, excabecilla de la antigua guerrilla de las FARC.

“Siempre creímos que todo el mundo era igual e hicimos una distribución de la fuerza sin interesarnos por saber quién era la gente que habitaba, su composición social, su cultura y eso hizo entrar en choque, y tengo entendido que hubo choques de varias unidades nuestras con comunidades nuestras que de seguro hubo víctimas, y producto de esa discriminación racial se tuvieron que cometer errores y hasta crímenes, pero esta es la oportunidad para esclarecerlos y asumir la responsabilidad”, dijo en ese momento el exguerrillero.

Por otro lado, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, reconoció a través de una videollamada los errores cometidos en contra de estas comunidades en la masacre de Mampuján cometida por las AUC y culpó al Estado:

“Las desapariciones fueron unos de los hechos de guerra que se presentaron en el conflicto armado colombiano, su mayoría se extendió y generalizó por pedido del mismo Estado colombiano, de las fuerzas militares y de Policía porque le aumentaba los índices de estadísticas de homicidio y pedía que se desaparecieran las víctimas para que así, no afectara las estadísticas que ellos llevaban sobre homicidios y muertes en la región”, dijo el exlíder paramilitar.

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