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El martes 31 de mayo, a dos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea publicó su informe preliminar sobre la jornada electoral del pasado domingo 29 de mayo, en el que, si bien destacó cómo las elecciones se desarrollaron de forma tranquila y pacífica, también criticó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender solo a funcionarios electos por participar en política y no a figuras como el general Eduardo Zapateiro.
En el informe, el jefe de la MOE de la Unión Europea, el europarlamentario español Javi López, comenzó destacando el buen funcionamiento de las elecciones presidenciales y valoró positivamente la transparencia y la correcta implementación de los procedimientos electorales en las mesas.
“Hay que hacer un balance muy positivo de unos comicios que se celebraron en un ambiente pacífico y pluralista y que sirvieron para disipar la desconfianza”, señaló el eurodiputado y añadió que “la Registraduría adoptó una serie de mejoras en sus procesos, como la doble transmisión y digitación de las actas, la nueva selección de jurados y las mejoras de sus programas de capacitación, entre otras”.
Y si bien destacó lo anterior, también advirtió que las elecciones del pasado domingo se desarrollaron en un contexto de creciente desconfianza en el proceso electoral, “consecuencia de las incorrecciones verificadas en los resultados preliminares y no oficiales (preconteo) de las legislativas y de las narrativas de posible fraude desplegadas tanto por la izquierda como por la derecha, en diferentes etapas de las elecciones generales”.
Sobre la destitución de funcionarios electos, en el informe el jefe de la misión dijo que es contraria a los estándares internacionales:
“A nuestros ojos es discutible que la disposición constitucional, que impide algunas categorías de funcionarios públicos participar en las campañas electorales, sea aplicable a los funcionarios electos. Si es cuestionable a ojos del ordenamiento jurídico colombiano, de su Constitución, nos parece que es contrario a los estándares internacionales en términos de participación política”.
Recordó que “la destitución además por parte de una autoridad administrativa, como es el caso, ya ha sido igualmente considerado como una violación de la Convención Americana de derechos humanos por la CIDH en una sentencia vinculante a Colombia”.
Ahora, en el caso del comandante de las Fuerzas Militares, el general Eduardo Enrique Zapateiro, en el informe advierten que “no se ha aplicado aún sanción alguna al comandante de las fuerzas armadas quien, en abierta violación de la Constitución y de una larga tradición de no injerencia del ejército colombiano en la política, hizo declaraciones públicas en contra de un candidato”.
Con respecto a las recomendaciones que la misión le hizo a la Registraduría, luego de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, en el informe se destacó que se adoptaron “una serie de mejoras, como la doble digitación de los datos de las actas y otras medidas de verificación de la exactitud del escrutinio. Realizó también una nueva selección de jurados y mejoró su programa de formación. Y lo que es más importante, trató de consensuar con los partidos políticos el diseño de documentos clave, como las actas de resultados, y la adopción de ciertos procedimientos objeto de críticas durante las legislativas, como el sistema de registro de los testigos. La Registraduría demostró altos niveles de organización y profesionalismo en los preparativos electorales, tanto a escala nacional como en los departamentos y municipios”.
A continuación se puede leer el informe completo:
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