La Fiscalía General de la Nación procesó a tres personas que fueron condenadas por un juez por usar empresas fachada para mover millonarios recursos, además, parte de los cuales se le giraron a Wilson Arévalo Hernández, alias “Chaco”, a quien se le vincula con el Ejército de Liberación Nacional, principalmente en el cometimiento del atentado a la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander, ubicada en el sur de Bogotá.
El director especializado contra el lavado de activos, Carlos Enrique Vieda Silva, explicó:
Los procesados son Anyi Daniela Martínez Buitrago quien aceptó ser la administradora de una empresa de lácteos y creadora de una comercializadora que realizó unas 120 consignaciones a alias “Chaco”, donde se encontraron 1.084 millones de pesos detectados en operaciones de blanqueamiento y enriquecimiento ilícito.
Luis Sebastián Mateus Vargas también aceptó administrar una distribuidora de quesos, que entre el 2013 y 2018 realizó más de 20 consignaciones a Arévalo por sumas de más de 250 millones de pesos. Tanto Anyi Daniela, como Luis Sebastián fueron sentenciados a 7 años y 10 meses de prisión.
El tercer implicado es Carlos Felipe Mateus Vargas, quien fue sentenciado a 5 años y 4 meses por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, esto porque se le encontraron más de 100 consignaciones realizadas entre 2012 y 2015 por más de 900 millones de pesos a alias “Chaco”.
Según las investigaciones, Wilson Arévalo Hernández fue quien vendió la camioneta a la que le colocaron unos 80 kilogramos de pentolita, además según la Fiscalía, condujo la camioneta desde Arauca hasta Bogotá y se lo entregó a José Aldemar Rojas Rodríguez, que la llevó hasta el interior de la escuela y posteriormente la detonó.
En este caso ya se condenó también a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, condenado por los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas.
Carvajal que no aceptó cargos, fue condenado gracias a la interceptación de una llamada donde aseguraba que estaba escondido porque era el responsable del atentado. En su momento el abogado del imputado manifestó:
Las víctimas y familiares de estos hechos le han pedido una indemnización al Estado por no garantizarles la seguridad dentro de la escuela; puntualmente fueron 8 familias que solicitaron unos ocho mil millones de pesos.
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