40 congresistas apoyan la tutela que pide suspender el piloto de ‘fracking’ en Puerto Wilches, Santander

El recurso fue interpuesto ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja y abogaron por el derecho a la consulta previa que se le negó a la comunidad en el municipio

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Radican tutela en el Consejo de Estado en contra de la implementación de pilotos de fracking. Foto: Cortesía Colombia Libre de Fracking
Radican tutela en el Consejo de Estado en contra de la implementación de pilotos de fracking. Foto: Cortesía Colombia Libre de Fracking

La Alianza Colombia Libre de Fracking dio a conocer que un grupo de 40 congresistas presentó ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, Santander, una coadyuvancia a la acción de tutela que remitieron hace unos días en contra del piloto de fracking que se adelantaría en Puerto Wilches, Santander.

Entre los congresistas que apoyan la suspensión del piloto en Santander se encuentra el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, junto con: Iván Cepeda, Angélica Lozano, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Feliciano Valencia, Roy Barreras, Antonio Sanguino, Jorge Robledo, Katherine Miranda, Iván Marulanda, entre otros.

La tutela fue radicada el pasado 31 de marzo por la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches), el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Podion, con el acompañamiento de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Las entidades aseguraron que seguir con estos proyectos representaría una presunta violación de los derechos fundamentales a la participación ambiental, el acceso a la información, el debido proceso y la vida e integridad.

“En un acto simbólico, interponemos una acción constitucional porque exigimos justicia ante la arbitrariedad del fracking”, afirmaron las organizaciones en un comunicado de prensa. “Los Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía nos han tendido una trampa, han montado un teatro, en el que supuestamente la comunidad está participando, y en Wilches la gente ni siquiera está enterada de lo que está pasando”, agregaron.

El principal argumento de las organizaciones es que en la comunidad se vulneró el derecho a la consulta previa y por eso piden que sea suspendida la licencia ambiental que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó a Ecopetrol para adelantar el piloto en el municipio.

Estas organizaciones viajaron desde los departamentos de Santander y Cesar para denunciar esta vulneración de su derecho de participación frente a varias entidades del Estado. Entre sus argumentos está que, “en Colombia existe un déficit de participación en materia petrolera y de licenciamiento ambiental que la Corte Constitucional le ordenó al Congreso regular, y aún no lo ha hecho”.

De hecho, en el recurso interpuesto señalan que no se ha procurado de manera previa la participación de la comunidad en la implementación de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII). “Lo que ha surtido el gobierno son escenarios de socialización de decisiones, reuniones informativas, y no propiamente ejercicios de concertación/consenso”, se lee en la tutela.

La coadyuvancia presentada por los congresistas tiene el propósito de que se cumpla con el derecho de la comunidad y, a su vez, que se suspenda el piloto de fracking. Como argumentos señalaron que las sentencias T-693 de 2012, T-576 de 2014 y T-002 de 2017, que establecen el derecho de Afrowilches a la consulta previa, “así como a otros derechos de los que pueda ser titular el sujeto colectivo, no le exige constituirse bajo alguna determinada forma legalmente establecida”.

De esta manera, los 40 congresistas hicieron las siguientes tres peticiones al juzgado: tutelar el derecho a la consulta previa de la comunidad afrodescendiente de Afrowilches; suspender la licencia ambiental otorgada al PPII Kalé, y, suspender el trámite que cursa otra solicitud para desarrollar el PPII Platero.

Cabe recordar que el proyecto fracking Kalé es liderado por la Anla y ha tenido un reciente rechazo por parte de la comunidad de Puerto Wilches. El pasado 22 de febrero tuvieron que suspender una audiencia pública de este proyecto por las manifestaciones de quienes se oponen al uso de recursos hídricos con fines mineros.

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