Defensoría del Pueblo asegura que la crisis en hospital San Francisco de Asís del Chocó sigue agravándose

A los empleados del hospital les deben siete meses de trabajo, además, hay afectaciones en el pago a los proveedores. Actualmente el pasivo por nómina del hospital asciende a los $27.000

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Hospital San Francisco de Asis en Quibdó, capital del departamento del Chocó. Foto: Ministerio de Salud.
Hospital San Francisco de Asis en Quibdó, capital del departamento del Chocó. Foto: Ministerio de Salud.

Por la crítica situación económica que atraviesa el hospital San Francisco de Asís de Chocó, que no le paga el salario a sus trabajadores desde hace varios meses, el personal decidió suspender los servicios en el lugar. Esta situación, según la Defensoría del Pueblo, agrava la crisis del centro de salud y supone una afectación mayor para los ciudadanos que ven vulnerado su derecho al acceso a la salud.

“Resolver la crisis del hospital San Francisco de Asís resulta urgente por ser el principal centro de atención de referencia y es el único que recibe los casos de pacientes que requieren ser remitidos a otras ciudades o centros médicos o de atención especializada de mayor nivel de complejidad”, sostuvo Carlos Camargo, defensor del pueblo.

La entidad detalló que a los empleados del Hospital San Francisco de Asís le deben siete meses de trabajo: agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022. Son 600 personas, tanto del cuerpo médico como administrativo los afectados. Además, hay afectaciones en el pago a los proveedores. Actualmente el pasivo por nómina del hospital asciende a los $27.000.

El pasado 23 de febrero el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo (MinTrabajo), aseguró que entregaría 8.000 millones de pesos al centro de salud para ayudarlo a superar la crisis económica, sin embargo, según la Defensoría, los recursos no han sido transferidos.

Así las cosas, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a que cumplan con el compromiso en el menor tiempo posible. Además, pidió a otras dependencias de Gobierno que se sumen para velar por el derecho a la salud de los pacientes y las garantías laborales de los trabajadores.

“Convocamos a las autoridades gubernamentales para que se cumpla con el pago acordado con los trabajadores por $8.000 millones, lo cual motivó el cierre total de las actividades. Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos el llamado urgente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud a implementar medidas ágiles y especiales que permitan superar la situación laboral de empleados y contratistas, y garantizar el derecho a la salud en el Chocó”, sostuvo Camargo.

Por el momento, funcionarios de la regional Chocó de la Defensoría adelantan recorridos por las diferentes IPS de Quibdó para verificar la atención de los pacientes dado que la difícil situación afecta a todo el sistema de salud en esa región del país.

Cabe recordar que el centro de salud presentaba problemas desde hace más de un año, pero la situación empeoró después de que se liquidarán varias EPS del país. La decisión más reciente, que tiene que ver con el cierre de Coomeva, le generó pérdidas a este hospital de alrededor de 2.000 millones de pesos.

La situación del centro de salud es crítica, pero las autoridades sostienen que este seguirá funcionando. El objetivo es rescatar el hospital y una vez se supere la situación, este será entregado al departamento.

“El hospital no se cierra, hay que seguirlo fortaleciendo y es una instrucción del Presidente de la República para que esto se solucione lo más pronto posible, es por eso que la idea es entregarlo, pero tenemos como tarea urgente desde el trámite administrativo es cancelar las deudas a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Se va entregar el hospital a la Gobernación, pero sin deudas y al día”, sostuvo Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo después de anunciar los recursos para el centro de salud.

Hay que recordar que sumado a esta crisis económica, hay problemas de seguridad. Al menos 30 personas, entre médicos, enfermeras, auxiliares y administrativos del Hospital San Francisco de Asís han recibido mensajes intimidantes en las que les exigen dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Incluso Camilo Ramírez, quien se desempeño como interventor del centro de salud durante un año y ocho meses, renunció a su puesto por temor a ser violentado.

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