Gobierno De la Espriella elimina restricciones al uso del suelo rural en cinco municipios de Cundinamarca: qué pasará con las tierras

La planificación de miles de hectáreas rurales en la Sabana de Bogotá vuelve a quedar en manos de las administraciones locales tras la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en cinco municipios de Cundinamarca. La medida elimina una figura creada durante la administración de Gustavo Petro para proteger terrenos con vocación agrícola frente a cambios en el uso del suelo.

El anuncio fue explicado por Miller Soto, vocero presidencial, quien defendió la decisión como una recuperación de la autonomía territorial. Según el funcionario, las restricciones que imponían estas áreas reducían la capacidad de alcaldes y concejos municipales para definir cómo organizar sus territorios mediante los planes de ordenamiento territorial (POT).

La derogación se formalizó con la firma de las resoluciones por parte del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante un acto realizado en la Gobernación de Cundinamarca. En la actividad participaron el alcalde de Nemocón, Cristian Camilo Carrillo, y el secretario de Agrocampesinado del departamento, Marcos Alberto Barreto.

Los municipios donde se eliminaron las Appa

La decisión comprende a Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, localidades de la Sabana de Bogotá en las que se habían delimitado estas áreas para preservar suelos destinados a la producción de alimentos.

De acuerdo con Soto, la figura abarcaba cerca de 16.000 hectáreas y establecía restricciones que, según su explicación, interferían con las competencias municipales para decidir sobre la destinación de sus tierras. El funcionario aclaró que las Appa no prohibían directamente a los campesinos continuar con sus cultivos, sino que limitaban principalmente las modificaciones en el uso del suelo.

El vocero también señaló que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), entidad técnica encargada de analizar y planificar el uso del suelo rural, identificó deficiencias en la información y en las evaluaciones utilizadas para delimitar las áreas protegidas en los municipios involucrados. Antes de formalizar la derogación, el presidente Abelardo de la Espriella comunicó a los alcaldes de las localidades afectadas su intención de retirar esta figura. Posteriormente, el Gobierno avanzó con las resoluciones que pusieron fin a su aplicación en estos territorios.

Las Appa fueron creadas a partir de la Ley 2294 de 2023, que dio origen al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. Su propósito era proteger los terrenos con aptitud agrícola y evitar que la expansión urbana u otras actividades desplazaran las zonas destinadas a producir alimentos. Durante el programa institucional El Gobierno le habla a la Patria, Soto cuestionó los efectos que, a su juicio, tuvo esta herramienta sobre las decisiones de los gobiernos locales.

“Ese sello se volvía más fuerte que el mismo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. El alcalde y los concejos ya no podían decidir con libertad para qué se usaba su tierra”, afirmó el vocero presidencial. También defendió la recuperación de las competencias municipales con otra declaración: “La llave vuelve al pueblo, vuelve a los cinco municipios. Los concejos y los alcaldes vuelven a ordenar su suelo, como manda la autonomía municipal. Eso es descentralización”.

¿Qué cambia con la derogación?

La eliminación de las Appa devuelve a las autoridades locales la capacidad de tomar decisiones sobre la organización del territorio, pero no habilita automáticamente la construcción de proyectos urbanos en terrenos rurales. El Gobierno precisó que las disposiciones ambientales, las normas de gestión del riesgo, la protección del patrimonio y las reglas establecidas en los POT continúan vigentes.

“No es un permiso automático para tumbar fincas y levantar edificios. Las normas ambientales continúan en vigor y también los instrumentos de ordenamiento territorial”, enfatizó Soto.

En consecuencia, los alcaldes y concejos municipales tendrán que evaluar las decisiones sobre el uso de estas tierras dentro de las competencias que les corresponden y respetando las normas aplicables. La responsabilidad adquiere especial importancia por el papel que cumplen estos terrenos en el abastecimiento de alimentos para Bogotá.