Denuncian ante la JEP que 38 familias desplazadas por el conflicto tuvieron que huir a Venezuela

Por parte de las organizaciones Instituto Colombo-alemán para la paz (CAPAZ), el Foro Internacional de Víctimas y el Colectivo Orlando Fals Borda, se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, un informe titulado ‘El desplazamiento más allá de la frontera’, en el que ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, se ponían a disposición testimonios de 38 familias que debido al conflicto tuvieron que huir de sus hogares a la república de Venezuela.

Según indicó el reporte ‘El desplazamiento más allá de la frontera’, el 70% de las víctimas tuvieron que abandonar forzosamente sus hogares entre 1999 y 2006, años en los que la violencia aumentó en la zona fronteriza indicaron ante la JEP.

“Las amenazas de muerte, el despojo de tierras y la intensificación del conflicto armado fueron las principales razones para abandonar el país”, indicaron las organizaciones.

En el informe se detalla que un 48% de estos crímenes fueron cometidos por paramilitares, mientras que al ELN se da una responsabilidad en el 20%. Según indicaron ante la JEP, el perfil de las víctimas eran campesinos de escasos recursos quienes eran amedrentados por los grupos criminales sin recibir algún tipo de respaldo o ayuda por parte del Gobierno nacional.

“El fenómeno del desplazamiento transfronterizo hacia Venezuela merece ser investigado por la JEP, de modo que los responsables de esta tragedia humana puedan ser debidamente juzgados y sancionados”, concluyeron.

Pero no es solamente un fenómeno del pasado, el desplazamiento forzado es un flagelo constante y que se esta recrudeciendo por la disputa entre grupos criminales. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que el desplazamiento aumentó en Colombia el año pasado un 181%.

La investigación de la OCHA da cuenta de que las principales causas del desplazamiento forzado en Colombia son las acciones de los grupos armados ilegales en contra de la población civil. Entre los crímenes que detonan esta crisis, el 32 % son amenazas directas por medio de llamadas telefónicas, panfletos, mensajes, entre otros. Además, otro 32 % se debe a enfrentamientos y hostigamientos.

Otro punto que preocupa es la revictimización a la que están expuestas los civiles. La OCHA reporta que varias familias desplazadas en 2021 ya habían estado en esa situación en años anteriores.

“En varios de los desplazamientos reportados en 2021, se identificaron personas que ya habían sido previamente desplazadas forzosamente por las mismas causas (presencia y acciones directas de los grupos armados no estatales en los territorios de las comunidades, especialmente dentro de Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios”, indica la OCHA.

Otro dato preocupante es que en el informe se indica que de los desplazados del año pasado, solamente 11.700 personas han podido regresar a sus territorios originales. Esto significa que más de 61.600 personas se mantienen desplazadas en comunidades de acogida, que en su mayoría no cuentan con los recursos necesarios para suplir las necesidades intersectoriales de los desplazados. Las principales necesidades de la población desplazada se basan en carencias de protección y acceso a alojamientos temporales, a alimentos, a servicios de salud, educación y acceso a agua segura.

Desde la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA), reportan que desde el pasado 2 de marzo en inmediaciones al territorio del resguardo indígena Pipalta Palbí Yaguapi, perteneciente al pueblo AWA, se han registrado fuertes combates entre Grupos Armados No Estatales (GANE), razón por la cual cerca de 92 familias conformadas por 288 indígenas, se desplazaron del lugar, pues su vida corría peligro al encontrase completamente confinados.

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