Senador Iván Cepeda: “Con el actual gobierno y con el Uribismo no tenemos nada de que hablar”

El senador e integrante del Pacto Histórico habló con Infobae Colombia sobre las elecciones, el actual Gobierno, el proyecto de ley que busca defender la paz y los posibles diálogos con el ELN

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El senador Iván Cepeda se refirió al momento del país, el gobierno de Iván Duque, los diálogos con el ELN, las declaraciones de Alias Otoniel y Aida Merlano, entre otras.  EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
El senador Iván Cepeda se refirió al momento del país, el gobierno de Iván Duque, los diálogos con el ELN, las declaraciones de Alias Otoniel y Aida Merlano, entre otras. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El país está viviendo una época electoral sin precedentes o por lo menos así lo considera el senador Iván Cepeda, uno de los integrantes más relevantes del Pacto Histórico, que es liderado por el precandidato presidencial Gustavo Petro. En entrevista con Infobae Colombia, se refirió a las comicios que se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de mayo.

El senador habló de su estado de salud, su recuperación, el proyecto que busca castigar a quienes obstruyan a la paz, el caso de alias Otoniel, las declaraciones de Aida Merlano, el plan de choque urgente para Colombia, los diálogos de paz con el ELN, la ley de seguridad ciudadana y la posible llegada de los liberales al Pacto Histórico.

“No es legal asesinar líderes sociales o a quienes entregaron las armas”

¿Cuál es su actual estado de salud y cómo ha sido su recuperación?

Iván Cepeda “Me estoy recuperando de la intervención quirúrgica, al mismo tiempo llevando a cabo sesiones de quimioterapia que a veces son un poco molestas y pesadas, pero bien. Estoy en este momento con el visto bueno del cuerpo médico para hacer mis actividades políticas normalmente, en medio de algunas limitaciones, pero con seguridad”.

Sobre el estado y la salud en el país, ¿Cómo lo califica?

I.C: “Las propuestas que se están haciendo por parte de Gustavo Petro y del Pacto Histórico son totalmente conducentes y necesarias. En esta etapa he tenido el privilegio de poder contar con una atención médica eficaz, pronta y oportuna; pero esa no es la situación de la mayor parte de los colombianos. El sistema privado de salud, a través de las empresas que existen, es un sistema que significa para muchas personas una dilación en tratamientos de carácter urgente que les pueden costar la vida. Es imperativo una transformación radical de ese sistema. Hay que examinar cómo el papel de las EPS es diferente en un nuevo sistema de salud”.

Qué puede decir del proyecto que busca castigar a quienes obstruyan la paz

I.C: “Hemos visto en estos años una serie de acciones que no son propias, de lo que podríamos denominar la oposición legítima a un acuerdo o un proceso de paz. Distingo de una manera tajante las acciones que puede emprender cualquier ciudadano contra un proceso de paz o que no está de acuerdo con un tratado de paz a través de vías jurídicas o de la deliberación pública. Me parece que ha sido legítimo el resultado del plebiscito, a pesar de que hubo métodos poco transparentes en los mensajes del ‘No’”.

“Esto se inscribe dentro de la democracia y de la deliberación normal, lo que no es normal y no es legítimo es por ejemplo, interceptar las comunicaciones de miembros de un equipo negociador que está adelantando conversaciones de paz o poner en una cuenta de Twitter las coordenadas de una operación que tiene un carácter reservado porque de esa operación depende trasladar a negociadores, en este caso de la guerrilla, como ocurrió en una oportunidad y me refiero concretamente a lo que hizo el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter. Tampoco es legal asesinar líderes sociales, tampoco a quienes entregaron las armas y tampoco es legal volverse a armar contra un acuerdo, lo que llaman las disidencias. Por estas razones es perfectamente conducente tipificar crímenes contra la paz y estos deben ser objeto de una reforma del código penal que los sancione, dejando claramente esa diferencia”.

¿A quiénes concretamente aplicaría este proyecto?

I.C: “El proyecto está consagrado a defender la paz y por lo tanto a sancionar las conductas delictivas de quienes atenten contra el proceso. Si es un agente del Estado, el proyecto dice que tiene una circunstancias de agravación de la pena, pero si se trata de una persona que se desmovilizó y retome las armas, en ambos casos aplica. Están cometiendo un crimen contra la paz”.

Y en el caso del ELN...

I.C: “Hasta el momento no ha firmado un acuerdo de paz, pero si llegan a firmarlo sus dirigentes e integrantes tienen que respetarlo y si se vuelven a levantar en armas les aplicaría una sanción. Lo que no puede ocurrir es que en Colombia se sancione toda clase de delitos pero no los que se cometen contra un bien supremo como es la paz en el país”.

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“Aida Merlano ha dicho cosas muy graves que atañen a los socios políticos del presidente Iván Duque”

Qué opina de la postura del presidente Iván Duque y la extradición de alias Otoniel

I.C: “Uno ve una conducta contumaz, reiterativa de irrespetar la independencia judicial. El presidente no ha ahorrado calificativos, declaraciones, valoraciones e incluso amenazas contra el poder judicial y las altas cortes. Hay una actitud de franco desconocimiento de la independencia de los poderes públicos por parte de Duque, es una actitud antidemocrática. Como si eso fuera poco, ahora el presidente aparece como abogado de unas causas, que a mi modo de ver, son supremamente negativas y pueden llevar a la impunidad. ¿Por qué se presiona con tanta celeridad la extradición de alias Otoniel?. Aquí no se está diciendo que no se le extradite, ¿pero por qué tiene que ser ya?, supuestamente el argumento es que se puede fugar, pero eso es un argumento impresentable, ¿Cómo un Estado o una Policía puede salir con el argumento que se les va a fugar una persona que tienen bajo su custodia y por lo tanto otro estado debe hacerse cargo de esa persona?”.

¿Qué tipo de información puede brindar Otoniel a las autoridades?

I.C: “Es depositario y testigo de hechos muy graves en el país. Él tiene una larga carrera en el mundo de las organizaciones armadas ilegales. Comenzó esa vida en el Ejército Popular de Liberación, pasó a las Autodefensa Unidas de Colombia, se dice que estuvo al mando de la operación que terminó en la masacre de Mapiripán, luego estuvo en los frentes paramilitares en Casanare, después estuvo bajo las órdenes de Vicente Castaño, de alias Don Mario y ahora dirigió una organización que es la más poderosa en el mundo del narcotráfico que es el Clan del Golfo. Ese señor tiene información sustancial para esclarecer responsabilidades en el país. Empieza a dar las primeras declaraciones para la JEP y la Comisión de la Verdad y comienzan a aparecer una serie de obstáculos preocupantes que muestran que hay intereses en las altas esferas del estado para que este señor sea silenciado”.

¿Y el caso de Aida Merlano?

I.C: “Este es más escandaloso, el presidente empieza a argumentar un escenario, una obra teatral, para decir que lo que está diciendo la señora Merlano corresponde a una especie de plan de Maduro y del Gobierno Venezolano para atentar contra la clase política casta, pura y noble de Colombia, no, no hay tal. La señora Aida Merlano ha dicho cosas muy graves que atañen a los socios políticos del presidente de la república. Él debería estar impedido para pronunciarse sobre este caso porque está hablando de sus aliados políticos”.

Gustavo Petro realizó una denuncia sobre lo que serían operaciones de entrampamiento en la campaña electoral del Pacto Histórico, ¿Qué se sabe de esto?

I.C: “Son intentos de presentar a miembros de nuestra coalición política como involucrados en un financiamiento del narcotráfico, eso es lo que se está buscando. Queremos dejar claramente sentada una posición, nuestras finanzas, la manera en cómo estamos haciendo nuestra campaña es totalmente transparente. Advertimos que cualquier intento por poner reuniones o citas a miembros de la campaña, candidatos o familiares para llevarles tulas con dinero es una burda operación de entrampamiento, como las que ya hemos visto que se cometieron en el país cuando era fiscal el señor Néstor Humberto Martínez y quién además está desplegando una campaña contra los candidatos del Pacto Histórico”.

Y el plan de choque que proponen para Colombia, ¿Qué buscan con estas normas y decretos?

I.C: “Atender los graves problemas que tiene el país. Se trata de llevar al Congreso, pero también de expedir desde el ejecutivo un conjunto de normas y decretos para atender varios de los graves problemas que hay. La situación de hambre que se está presentando en millones de hogares en Colombia, la situación de desempleo, aquí hay problemas muy graves. Estamos trabajando en proyectos de ley y decretos que serán expedidos por el presidente o la presidenta del Pacto Histórico para que sean normas que entren a regir de manera inmediata. Cosas como la renta básica universal, medidas que atiendan a través del suministro de alimentos la situación de muchos sectores populares, subsidios para productores agrícolas, políticas proteccionistas para resguardar la seguridad alimentaria en el país. Por ejemplo, el tema de la paz, buscar un alto a fuego inmediato de los grupos armados que están provocando situaciones muy graves. Posibilidades de reiniciar procesos de diálogos con el ELN, buscar una salida al problema de las disidencias y buscar un sometimiento a la justicia del Clan del Golfo”.

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“No tenemos nada de qué hablar con el uribismo”

La reunión de Petro con Cesar Gaviria y la posible llegada de los Liberales al Pacto Histórico, ¿Usted cómo ve esta posible unión?

I.C: “Nosotros somos muy conscientes de que el gobierno que venga debe ser de concertación nacional, la dimensión y la profundidad que tienen los problemas, difícilmente pueden abordarse desde la perspectiva de una fuerza hegemónica que sola resuelva semejantes desafíos. Habrá que entablar diálogos con distintas fuerzas, con un límite eso sí, y es el actual gobierno y el uribismo. Con ellos no tenemos de qué hablar en este momento, aquí tenemos un legado que es catastrófico y tenemos visiones diametralmente opuestas sobre la realidad del país. En cambio hay otras fuerzas con las que podemos tener coincidencia, no soy partidario de cerrar las puertas a los diálogos, teniendo claro con qué principios y perspectivas se hace”.

¿Es viable un diálogo con el ELN en estos momentos?

I.C: “Los diálogos ya se habían desarrollado y había un proceso en el momento que llegó el gobierno del presidente Duque, y había logrado sustanciales avances. Por primera vez en la historia se había logrado una agenda que estaba desarrollándose y se había tenido un alto al fuego prolongado. Vino esta ruptura de diálogos y se ha venido presentando estas circunstancias que nos ha llevado a este punto. Estoy convencido que se debe retomar donde se quedó ese proceso y sin tantas condiciones. La experiencia que tenemos es que los procesos deben abordarse y desarrollarse en medio de las dificultades. Imagínese si ese hubiera sido el camino que hubiera recorrido el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, estaríamos todavía discutiendo sobre esas condiciones y no tendríamos un acuerdo de paz”.

¿Ante la propuesta de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, ustedes qué postura tienen?

I.C: “Consideramos que no va a servir para la seguridad de los ciudadanos sino para incrementar la violencia y las condiciones de inseguridad. La legítima defensa privilegiada, que significa que de alguna manera admitir que el uso letal de la fuerza, es admitido y de alguna manera justificado. Genera un espacio de incertidumbre y de situaciones que son incontrolables. Es una medida que, de alguna manera, puede significar la justicia por mano propia y ahí vemos un gravísimo riesgo. El hecho, no solamente con el pretexto de regular las armas, de lo que se llama letalidad reducida, que son armas supremamente peligrosas. bajo ese pretexto de regular, se abre la puerta a que los ciudadanos se armen y no solamente eso, la ley tiene otro aspecto que es tan grave como ese a comercializar y a fabricar armas por entidades distintas al Estado. En un país que ha tenido larga historia de civiles armados y paramilitarismo eso genera unos riesgos. Hemos hecho un análisis detallado de esa ley y hemos mencionado y demandado ante la Corte Constitucional los artículos que consideramos son más peligrosos de esa norma”.

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“Estamos abiertos al diálogo”

Y cómo ve las elecciones presidenciales en Colombia...

I.C: “Se trata de elecciones excepcionales en la historia del país, porque por primera vez de manera seria, de manera sustentada en encuestas y mediciones, se puede afirmar que podría variar el tradicional rito mediante el cual se elige a un miembro de la clase política tradicional en Colombia y podría irrumpir en la escena política un gobierno y un candidato o candidata de las fuerzas alternativas de centro o izquierda. Eso significa que estas elecciones tengan unas condiciones especiales y aquí quiero hacer la siguiente advertencia, además de los peligros que he mencionado en esta entrevista, también vemos con mucha preocupación toda esta campaña que se está haciendo desde el gobierno y la extrema derecha para decir que serán intervenidas por potencias extranjeras. Se está intentando generar un ambiente para deslegitimar lo que puede ser un triunfo de un candidato como Gustavo Petro y de eso somos conscientes. Sobre eso advertimos que haremos respetar un triunfo si así se da en las urnas”.

¿En caso de que un candidato de otro partido político o coalición gane las elecciones, qué posición tomarían?

I.C: “Yo no adelanto ese tipo de hipótesis porque ya es darle el beneficio de una posible victoria a otros, pero lo he dicho a través de este diálogo, nosotros estamos dispuestos a entablar relaciones políticas, concertación con todos los sectores que comparten unas ideas que están desglosadas en nuestro programa y eso vale para cualquier candidato o candidata del espectro de centro y que comparta con nosotros esas ideas. Estamos abiertos al diálogo”.

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