Judicializan al presunto responsable del asesinato de la líder social Cristina Cantillo

Además, se evidenció que este hombre al parecer se desempeñaba como sicario del grupo armado Los Pachenca, con injerencia en el departamento de Magdalena

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Feminicidio en Santa Marta
Feminicidio en Santa Marta

Dos meses después de que ocurriera el asesinato de Cristina Cantillo Martínez, líder social trans de Santa Marta (Magdalena), la Fiscalía General de la Nación judicializó al presunto responsable del hecho. Este 13 de febrero las autoridades imputaron cargos contra Darinel José Posada Tovar, alias Duende, quien habría cometido el crimen.

“Bajo la estrategia de enfoque de género para el abordaje de casos que vinculan a la población LGBTI, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Darinel José Posada Tovar, conocido con el alias de Duende, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego agravado”, indicó el ente acusador.

Las autoridades indicaron que imputaron a alias Duende por los dos mencionados cargos después de recopilar entrevistas y realizar reconocimientos fotográficos, los cuales permitieron identificarlo como el presunto ejecutor del crimen. Además, se evidenció que este hombre al parecer se desempeñaba como sicario del grupo armado Los Pachenca, con injerencia en el departamento de Magdalena.

Ante la contundencia de los elementos probatorios se le solicitó a un juez de garantías expidió la orden de captura que fue materializada el pasado 30 de enero, durante una diligencia de allanamiento y registro. El hombre fue encontrado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Unidad Especial de Investigación (UEI), el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y el Gaula Militar, en una vivienda del barrio La Esperanza, en Neiva (Huila), donde supuestamente se escondía de las autoridades.

A pesar de la evidencia, alias Duende no aceptó su responsabilidad por el hecho durante las audiencias concentradas por la Fiscalía. Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta, con funciones de control de garantías, dictó en su contra una medida de aseguramiento en centro de reclusión.

Hay que recordar que el crimen contra Cantillo ocurrió sobre las 9:30 de la noche del pasado 7 de diciembre en Santa Marta. Se indicó que la víctima departía con sus familiares durante la noche de velitas en un casa ubicada en la carrera 60 No.10 - 60, en el barrio Luis Carlos Galán, al oriente de la capital magdalenense, cuando un hombre ingresó y le disparó varias veces con una pistola 9mm. En concreto, Cantillo recibió cinco disparos que impactaron en su cabeza, cuello, abdomen y espalda. La agresión se ejecutó a una distancia de un metro entre la víctima y el asesino.

Cristina Isabel estaba bajo el cuidado de la Unidad Nacional de Protección (UNP). A su nombre había dos escoltas, pero estos no se encontraban presentes durante la celebración. Las razones para lo anterior son contradictoria, pues se ha afirmado que Cantillo les había dado tiempo libre a los guardaespaldas desde las tres de la tarde de ese días, sin embargo, la familia de la víctima asegura que desde hacía días no los habían visto ejecutando sus labores.

Por otra parte, las autoridades revelaron que el automóvil destinado a la protección de la vida de Cristina, que ya estaba en peligro, se encontraba fuera de servicio por fallas mecánicas desde hacía tres días.

Es de mencionar que Cantillo ya había sido víctima de dos atentados en 2020, de los cuales salió ilesa. Uno de los ataques sucedió en abril, en el que resultó herido Luis Felipe Cantillo, su hermano. En noviembre, cuando ocurrió el segundo atentado en contra de su vida, salió ilesa porque los sicarios, pensando que la mujer se encontraba en la camioneta de la UNP, dispararon; sin embargo, Cristina no iba en ese carro.

Cantillo, además de ser una defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, atendía y orientaba procesos de reclamaciones de tierra a través de la fundación ‘Calidad Humana’ en Magdalena.

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