‘Otoniel’ reiteró en la JEP que hubo complicidad de la Fuerza Pública con las extintas AUC en el Urabá

El antiguo máximo jefe criminal del Clan del Golfo aseguró también que se mantiene esa connivencia entre las autoridades y los grupos que surgieron del paramilitarismo

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BOGOTÁ 27 de octubre de 2021. Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’ custodiado en la cárcel.
BOGOTÁ 27 de octubre de 2021. Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’ custodiado en la cárcel.

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo jefe criminal del Clan del Golfo, también autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tuvo una nueva comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a donde tiene programado presentarse en tres diligencias más para que revele la información que posee acerca del conflicto armado en el país, tras formar parte de la extinta guerrilla del Epl (Ejército Popular de Liberación) y posteriormente en las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia).

De ese último grupo armado ilegal y antisubversivo aseguró que tenía una colaboración y connivencia con la Fuerza Pública en el Urabá, que les permitió someter a la zona del Urabá, y que esa supuesta conexión se mantiene con los grupos que surgieron tras la desmovilización de las Auc, destacaron en el periódico El País de Cali de los señalamientos de ‘Otoniel’ durante la audiencia del jueves ante la Sala de Reconocimiento de la JEP.

Sin embargo, en la emisora RCN Radio informaron que aunque Úsuga hizo el señalamiento contra las autoridades de esa zona del occidente del país, se abstuvo a revelar los nombres de los uniformados que tendrían los supuestos nexos.

Mientras que en La W Radio reseñaron que el otrora máximo jefe del Clan del Golfo, tras su primer sometimiento a la justicia, luego de formar parte del Epl, fue testigo de cómo varios de los antiguos integrantes de esa guerrilla luego pasaron a servir al extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y que agentes de ese organismo del gobierno estuvieron involucrados en homicidios de excombatientes de ese grupo subversivo.

En RCN Radio destacaron de las declaraciones de Úsuga, que en la década de 1980, la región del Urabá era dominada por las extintas Farc cuyos miembros se reunían constantemente con los políticos locales a quienes les brindaban asesorías. Sostuvo que entonces a la población era obligada por los guerrilleros a asistir a esos eventos so pena de ser multados o sufrir otro tipo de represalias.

Aunque también en ese medio radial recogieron que ‘Otoniel’ negó que el Clan del Golfo hubiese estado involucrado en los homicidios de líderes sociales en el país y excombatientes. Además, sostuvo que desconocía de casos de reclutamiento forzado de menores de edad, asesinatos, torturas o desplazamientos.

Esta nueva comparecencia del que fuera el criminal más buscado en el país se da dentro del el caso 04 a través del Auto 040, el 11 de septiembre de 2018, que prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto ocurridos en la región de Urabá entre 1986 y 2016. Este es uno de los tres casos territoriales que ha abierto la JEP junto con el del Norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca, y el de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco en Nariño.

En este caso se han analizado 29 informes, de los cuales 21 son de fuentes institucionales como la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los otros provienen de una organización de mujeres víctimas de violencia sexual, de dos organizaciones de derechos humanos que relatan hechos de desplazamiento forzado y despojo, de tres organizaciones de derechos humanos y uno de una organización indígena.

Concretamente, el caso 04 estudia los hechos victimizantes ocurridos en los siguientes diez municipios: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (en Chocó).

En esos municipios, la jurisdicción ha identificado hasta el momento, alrededor de 1.000 hechos prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, agrupados cronológica y contextualmente.

La Sala de Reconocimiento hizo un análisis detallado de las víctimas en los diez municipios del Urabá e identificó su nivel de vulnerabilidad. La Sala tuvo en cuenta que, según la Unidad para las Víctimas, de los 747.340 habitantes del Urabá, 504.933 han declarado ser víctimas de la guerra.

Hasta la fecha, en el caso 04 han comparecido integrantes de los frentes 5, 34 y 57 del Bloque José María Córdova de las extintas Farc y sus respectivas unidades móviles, así como miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional de Colombia.

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