Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Los recientes hechos de violencia ocurridos en Corinto volvieron a encender las alertas sobre la situación de seguridad que enfrenta el departamento del Cauca. El asesinato de tres comerciantes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una zona rural del municipio, se suma a una serie de ataques que mantienen al departamento como el más golpeado por las masacres en lo corrido de 2026.

El caso ocurrió el pasado 4 de julio en la vereda El Barranco, donde fueron halladas las víctimas, quienes habían sido reportadas como secuestradas. De acuerdo con la información recopilada por Indepaz, los cuerpos presentaban signos de tortura. Las víctimas fueron identificadas como Jhon Pedro Rodríguez, de 38 años; Rodrigo Rodríguez, de 40; y Jhon Bastos, de 35. Los tres eran oriundos del Huila y se encontraban en la zona desarrollando actividades comerciales cuando ocurrieron los hechos.

Con este nuevo episodio, el balance de Indepaz llegó a 69 masacres registradas en Colombia durante 2026, con un saldo de 364 personas asesinadas. De ese total, 11 casos ocurrieron en el departamento del Cauca, que concentra el 15,9 % de los hechos documentados por la organización. Las cifras también muestran que en esas 11 masacres fueron asesinadas 58 personas, una situación que mantiene al departamento como el territorio con el mayor número de eventos de este tipo durante el año.

La situación no es nueva para la región. Durante los últimos años, el Cauca ocupa de manera recurrente los primeros lugares en los registros sobre violencia colectiva elaborados por organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a la persistencia de grupos armados ilegales y las disputas por el control territorial. Municipios del norte del departamento, entre ellos Corinto, continúan siendo escenarios de confrontaciones entre estructuras ilegales que buscan consolidar su presencia en corredores estratégicos para la movilidad y las economías ilícitas.

Frente a ese panorama, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre los riesgos para la población civil. A través de la Alerta Temprana 019 de 2024, la entidad alertó sobre las amenazas derivadas de la confrontación entre la disidencia Dagoberto Ramos y el Frente 57 “Yair Bermúdez”, dos estructuras armadas que mantienen presencia en esa zona del departamento. Según la Defensoría, estas disputas incrementan el riesgo de homicidios, desplazamientos, confinamientos y otras violaciones a los derechos de las comunidades que habitan en el norte del Cauca.

El diagnóstico de Indepaz también refleja que la crisis de seguridad continúa profundizándose pese a las distintas estrategias implementadas durante la última década para contener la expansión de los grupos armados ilegales. Uno de los momentos más críticos de este año se registró entre el 24 y el 30 de abril, cuando el departamento fue escenario de una ofensiva armada que dejó en evidencia la capacidad operativa de estas organizaciones.

Durante esos siete días ocurrieron 24 acciones violentas y terroristas en diferentes municipios del Cauca. Entre los ataques reportados hubo explosivos instalados en vías, vehículos cargados con bombas, acciones con drones contra instalaciones militares y otros hechos que dejaron un saldo de 22 personas muertas y 37 heridas.

De acuerdo con Indepaz, esa escalada fue atribuida al Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), particularmente al Frente Jaime Martínez, estructura que fortaleció su presencia en varias zonas del norte y centro del departamento. La organización señala que este grupo mantiene disputas por el control territorial con otras estructuras armadas, entre ellas el Frente Dagoberto Ramos, especialmente en territorios indígenas ubicados en el nororiente caucano.

Mientras continúan las investigaciones por el triple homicidio ocurrido en Corinto, las cifras de Indepaz reflejan que el departamento sigue encabezando el registro nacional de masacres durante 2026. El panorama, además de evidenciar la persistencia del conflicto armado en la región, vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el Estado para garantizar la seguridad y la protección de la población civil en uno de los territorios más golpeados por la violencia en Colombia.