Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Al finalizar su primer empalme regional en Cúcuta, el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella hizo un anuncio dirigido a los grupos armados ilegales en la que reiteró su advertencia para que se sometan a la justicia colombiana.

En declaraciones a los medios de comunicación, el futuro mandatario dio un ultimátum a alias Alfred, cabecilla del ELN, y alias Andrey, líder del frente 33 de las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Norte de Santander.

“Aprovecho los micrófonos de todos los medios que están aquí para declarar a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del Frente 33 de las FARC, objetivo militar del Gobierno del Tigre”, indicó De la Espriella.

En su pronunciamiento, el eventual jefe de Estado colombiano les notificó a ambos cabecillas que tienen un mes de plazo para entregarse a las autoridades o, de lo contrario, estarán sometidos a los operativos militares una vez se posesione en el poder.

“Tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, expresó.

¿Quiénes son los cabecillas señalados?

El primero que hizo referencia el presidente electo Abelardo de la Espriella se trata de Robinsón Navarro Flórez, conocido como alias Alfred o Francisco, considerado como el máximo comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y como uno de los principales dinamizadores de la violencia en el nororiente del país.

De acuerdo con información de inteligencia de la Policía Nacional, este sujeto tiene control directo sobre 15 estructuras armadas, así como un pie de fuerza de 1.000 combatientes y una red de apoyo secundaria, integrada por milicias, de aproximadamente 900 integrantes.

Esa capacidad de mando se refuerza, de acuerdo con las agencias de seguridad, con una estrategia transfronteriza en la frontera colombo-venezolana.

El componente judicial del prontuario también aparece como uno de los ejes del expediente. Registra al menos 31 procesos judiciales abiertos en la Fiscalía General de la Nación por delitos vinculados con el conflicto armado.

Sobre él pesan órdenes de captura vigentes, sobre todo por homicidio agravado, además de concierto para delinquir y terrorismo. El Cuerpo Élite de la Dijín de la Policía Nacional lo incluyó en el cartel de los más buscados por atribuirle autoría intelectual y material en ataques y homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.

Por otra parte, se destaca alias Andrey o Andrey Avendaño, cuyo nombre de pila es Carlos Eduardo García Téllez, identificado como uno de los líderes del frente 33 Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, una facción alineada con la línea de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, tras las divisiones internas del Estado Mayor Central (EMC).

Informes de inteligencia militar le atribuyen mando directo sobre 412 hombres armados en el departamento. Nacido en la región del Catatumbo, ingresó a las antiguas FARC cuando tenía 11 años. Antes del proceso de paz de 2016 ya había alcanzado el rango de mando de escuadra.

Su historial incluye una captura en 2014 y la salida de prisión en 2017 bajo amnistía. Después desertó del Acuerdo de Paz y volvió a las armas junto a Javier Alonso Velosa, alias Jhon Mechas.

Ese regreso a la clandestinidad derivó también en consecuencias judiciales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó de manera definitiva al confirmarse su condición de desertor armado y continuador del delito.

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos criminales y pidió la reactivación formal de sus órdenes de captura. También solicitó retirarle el estatus político de vocero de paz por la continuidad de sus actividades delictivas en el oriente del país.

Vale mencionar que, tanto alias Alfred como alias Andrey, tienen una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita dar con su paradero.