Noruega y Cuba exhortan al gobierno Duque a garantizar protección de excombatientes de las FARC

Cuba y Noruega, países garantes del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, expresaron su preocupación por el fallo de la Corte Constitucional, que le jaló las orejas al actual Ejecutivo nacional por la nula implementación de lo firmado en La Habana, la capital cubana.

A través de un breve pronunciamiento, los representantes de esas naciones, Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y el Caribe Minrex Cuba, y John Otto Brodholt, representante especial del Reino de Noruega, exhortaron al gobierno de Iván Duque a que cumpla con lo establecido en los tratados que finalizaron con más de 50 años de guerra entre el Estaco colombiano y la extinta guerrilla.

A su vez, los representantes noruegos y cubanos recomendaron seguir a rajatabla lo sugerido por el alto tribunal para detener la violencia contra los firmantes del acuerdo. “Conforme con el pedido de la Corte Constitucional, instamos a que se cumpla lo acordado para que con medidas realmente efectivas se detenga el alarmante número de asesinatos de exguerrilleros y se garanticen sus derechos”, señalaron.

Y es que desde el primer momento en que la Corte emitió el fallo contra el gobierno colombiano, varias de sus dependencias, así como el presidente Duque, han contrariado con lo argumentado. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) dio a conocer las supuestas cifras de protección que tienen para cuidar a los excombatientes.

Según la entidad, en 2017 habían 79 agentes de seguridad y, a corte del 2021, habían 1.779 escoltas que, supuestamente, buscan la protección de quienes se reintegraron a la vida civil tras dejar las armas en los montes colombianos. Así es como ha crecido según la UNP:

2017 (79)

2018 (1.130)

2019 (1.198)

2020 (1.191)

2021 (1.179)

Cabe recordar que el Estado de Cosas Inconstitucional se usa en casos de vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas, en este caso, a quienes firmaron el acuerdo de paz.

La decisión se tomó tras el estudio de cinco tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Nariño y Guaviare que denunciaron amenazas graves contra su vida e integridad personal. Una situación que corroboró el alto tribunal y determinó que sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La Corte dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos considerando el alto número de firmantes del Acuerdo Final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados.

Entre lo establecido se le ordena a la UNP que dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la presente decisión revalúe el riesgo que enfrentan las y los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y quienes integran el partido comunes así como otras personas que se encuentren en situaciones similares de riesgo.

Además, se les exhorta a reevaluar los riesgos de los esquemas de protección colectiva en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para mantenerlos o fortalecernos de ser necesario nuevos esquemas para ello empezar con la contratación y la formación de los agentes escoltas para suplir las necesidades.

Igualmente, se le ordenó a la Procuraduría General de la Nación crear un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia con el auxilio de la Defensoría del Pueblo. La Corte también creará una sala especial de seguimiento y cumplimiento hasta que se logre la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.

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