Unidad para las Víctimas investigará inconsistencias denunciadas por la Contraloría

Según el ente de control, hay más de 692 millones de pesos en juego por el deficiente manejo administrativo de las bases de datos en las que se soportan los giros que se hacen a las víctimas

Unidad de Víctimas
Unidad de Víctimas

Ante los recientes hallazgos de la Contraloría General de la República que dan cuenta de irregularidades fiscales al interior de la Unidad para las Víctimas, la entidad señalada asegura que ya inició a investigar el caso. Indican que revisarán detalladamente los datos expuestos por el ente de control y contrastarán la información con sus bases de datos para probar si, en efecto, se produjeron las inconsistencias.

En caso de que se pruebe lo expuesto por la Contraloría, la Unidad para las Víctimas se comprometió a sancionar a los responsables. Así mismo, desde ya se contempla poner en marcha un plan de mejoramiento para evitar el desvío de recursos y procurar la claridad de la información.

“Está en proceso de revisión del informe final para establecer las posibles debilidades o inconsistencias de la información y que tomará las medidas pertinentes a que haya lugar, si es preciso. En caso de encontrar debilidades por los presuntos hallazgos se formulará y pondrá inmediatamente en marcha un plan de mejoramiento al interior de la entidad”, informó la Unidad para las Víctimas este 17 de enero.

Según la Contraloría, hay más de 692 millones de pesos en juego por estas irregularidades. Los hallazgos del seguimiento a la asignación de los recursos para la atención y reparación de las víctimas dan cuenta de tres principales inconsistencias del nivel administrativo a la hora de realizar los giros, que tendrán en curso procesos de responsabilidad fiscal. La inspección se realizó durante el segundo semestre de 2021 para las vigencias de 2014 hasta el 2020.

De acuerdo con el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, se identificaron tres irregularidades principales, debido a un deficiente manejo administrativo de las bases de datos en las que se soportan los giros que se hacen a las víctimas

Se encontró que la Unidad de Víctimas está realizando actos administrativos para legalizar los giros que se hacen a los bancos posterior a haber realizado la transacción del dinero. Esa acción, según Gualdrón, constituye un hecho cumplido en términos de contratación pública. Es decir, que se realizó un negocio jurídico que afectó los recursos públicos que se hayan cumplido los requisitos o apropiaciones presupuestales previamente.

Así mismo, se encontraron deficiencias entre las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el estado de las personas beneficiarias en el Registro Único de Víctimas. Por ejemplo, se identificó que se habían realizado giros a personas fallecidas, reportadas a la Registraduría, antes de que se realizara la transacción.

La Contraloría advirtió que los operadores bancarios no reconocen pagos sobre giros realizados por la UARIV en los casos señalados en el informe fiscal. Además, también se encuentran graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios, que causa discrepancias entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios de los giros con los datos de las víctimas.

“Uno de los hallazgos más destacados tiene que ver con la incapacidad de la UARIV para soportar actuaciones administrativas de su competencia durante largos periodos de tiempo, ocasionando un recorte del alcance de la labor de control fiscal y poniendo en riesgo el adecuado control sobre sus procesos y el manejo de los recursos públicos”, señaló la Contraloría

En total, se establecieron nueve hallazgos administrativos, de los cuales cinco tienen posible connotación fiscal por $692.746.490, hay ocho con presunta incidencia disciplinaria, siete son de carácter penal, dos para solicitud de indagación preliminar por una cuantía estimada de $33.314.000, y uno para proceso administrativo sancionatorio fiscal.

El ente de control hará traslado de los hallazgos a las autoridades competentes así como iniciará los procesos de responsabilidad fiscal los más de 600 millones de pesos. También corresponderá a la Procuraduría y a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes a las demás irregularidades.

SEGUIR LEYENDO:

TE PUEDE INTERESAR