Exprocurador Alejandro Ordóñez tendría que pagarle a la Procuraduría más de $1.600 millones por destitución de Piedad Córdoba

La Procuraduría General de la Nación, a través de una demanda, hará que el exfuncionario de esa entidad, Alejandro Ordóñez, pague el dinero que en su momento se le tuvo que dar a Piedad Córdoba a modo de reparación luego de que fuera destituida por él bajo los argumentos de que ella tenía supuestos vínculos con la desaparecida guerrilla de la FARC. El ahora embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) estuvo al frente de la jefatura de la Procuraduría entre los años 2009 y 2016. Córdoba fue destituida de su participación política en septiembre del 2010.

“Condenar al demandado a pagar a favor de la Procuraduría General de la Nación mil seiscientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciséis pesos ($1′674.864.716), con la respectiva indexación e intereses, suma que fue reconocida y pagada por la entidad a la señora Piedad Esneda Córdoba Ruíz”, se lee en la demanda del Ministerio Público contra Ordóñez. Es desde hace tres años que cursa, en el Consejo de Estado, la demanda de repetición presentada por la Procuraduría General contra el entonces jefe.

Fue en dos ocasiones cuando el exprocurador sancionó a la exsenadora Piedad Córdoba. Según él, el nombre de la política había aparecido en documentos guardados en computadores que fueron decomisados durante la Operación Fénix en marzo del 2008, en la frontera con Ecuador. Por aquellos días, las Fuerzas Militares bombardearon el campamento en el que estaba alias Raúl Reyes, integrante de la guerrilla ya mencionada. Córdoba, desde el inicio de las acusaciones, aseguró que aquellas acusaciones eran tan solo el resultado de un montaje por parte de Ordóñez.

En efecto, en ambas ocasiones no existieron suficientes argumentos para verificar la realidad o falsedad de las palabras del exprocurador, incluso, se aseguró que se habían pronunciado bajo evidencias anómalas. Ordóñez, durante tres años de investigación, recalcó que Piedad Córdoba, supuestamente, habría emitido consejos a las Farc para que no enviaran videos de personas secuestradas sino grabaciones de voz. Esto, explicó el exprocurador, ayudaría a mejorar su estrategia y lograr sus objetivos criminales.

“La senadora Piedad Esneda Córdoba impulsó al grupo armado ilegal de las Farc con el fin de procurar sus logros y objetivos. Igualmente, las pruebas demostraron que la mencionada senadora de la República trabajó con otras personas en realización de obras. Para este despacho, entonces, no existe el menor asumo de duda que los comportamientos por haber instado a las Farc para que este grupo al margen de la ley fuera hostil contra miembros de partidos políticos y demás servidores públicos”, se lee en el documento de 140 páginas con el que el exprocurador Ordóñez destituyó a la senadora el 27 de septiembre de 2010.

En abril de 2011, durante la investigación del segundo proceso en contra de Córdoba, se aseguró que la mujer le había entregado $25 millones al candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico Ricardo Montenegro en 2010. Según el fallo, a la campaña de Ricardo Montenegro ingresaron dos donaciones a nombre de la exsenadora, de diferentes sumas, para completar la cifra ya mencionada. Aunque la contadora del candidato aseguró eso sí había ocurrido, el Partido Liberal aclaró que eso no era verdad. Córdoba dijo, por aquellos días, que estaba siendo víctima de persecución política.

En 2014, el Consejo de Estado admitió la demanda de Córdoba y la magistrada ponente, Sandra Lisset Ibarra, para declararse nula la sanción de la Procuraduría. Según ellas, no se tuvieron en cuenta todas las pruebas que existían por los días de la emisión de la misma. Los fallos disciplinarios, emitidos en el 2010, fueron declarados como nulos en el 2016 por el Consejo de Estado. Esa entidad le ordenó a la Procuraduría General pagar “los salarios y prestaciones sociales” que dejó de devengar la senadora liberal.

Ordóñez, entonces, estaría obligado, ahora, a pagar la cantidad de dinero que no recibió la política por la cantidad de años en los que estuvo inhabilitada por su decisión de sancionarla. “Si se comprobó que el señor Alejandro Ordóñez usó la Procuraduría para perseguir opositores e ‘infieles’; entonces, que pague con sus recursos personales las consecuencias de su corrupción”, comentó Córdoba al respecto, quien, actualmente, hace parte de la lista cerrada al Senado que impulsa el Pacto Histórico de Gustavo Petro.

Seguir leyendo: