
El pasado 2 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca eliminar el impuesto del 4x1.000, y este lunes, seis días después, el Ministerio de Hacienda manifestó su oposición.
La iniciativa de Katherine Miranda (Alianza Verde) contempla que a partir de 2023 se comience a desmontar este impuesto de manera gradual: ese año sería del 3x1.000, en 2024 del 2x1.000 y en 2025 del 1.100. Así, pues, a partir de 2026 los colombianos quedarían libres del gravamen con el que se recaudan $ 4 por cada $ 1.000 en una transacción financiera.
Para la cartera de Hacienda, la supresión paulatina del tributo desde 2023 traería consigo un impacto negativo a nivel fiscal para Colombia de cerca de $7,4 billones anuales, razón por la cual lo rechaza. En un documento radicado ante el Congreso, firmado por el viceministro técnico Hacienda, Jesús Bejarano, se lee:
El impuesto que fue creado en el gobierno de Andrés Pastrana en 1998 para salvar a las entidades bancarias tendría vigencia de solo un año, pero se prorrogó 12 meses más, debido a la emergencia económica de un terremoto en la zona cafetera del país. En el 2000, cuando supone debió ser eliminado, no solo pasó a ser permanente sino que aumentó: en un comienzo fue del 2x1.000 y se convirtió en el hoy conocido 4x1000.
Que se haya sostenido durante más de dos décadas se debió, según la misiva del Ministerio de Hacienda, a “las dificultades existentes para sustituirlo por otra fuente de ingresos permanente”, la misma razón por la que en este 2021 el Gobierno se opone a su eliminación”.
Lo que propone Miranda en el proyecto de ley es reponer los recursos del 4x1.000 mediante cuatro medidas, una de ellas un impuesto a los ingresos altos (imponer un tributo a las personas naturales con ingresos mensuales superiores a $25 millones, con tarifas que van del 1 al 5 %), pero el MinHacienda planteó que podría llegar a ser inconstitucional.
Lo que contempla el proyecto de ley, específicamente en el impuesto a los salarios altos, es similar a lo propuesto por Alberto Carrasquilla en la reforma tributaria que se cayó meses atrás: gravar los altos salarios, de más de 15 millones pesos, con una tarifa del 10 %, solo que durante seis meses.
Las otras medidas para solventar el impacto fiscal planteados en la iniciativa para eliminar el 4x1.000 son el cobro de una sobretasa al sector financiero, la reducción del Estado (con una comisión de expertos que estudiará cómo reducir el tamaño del Estado para maximizar el uso del gasto público minimizando sus costos) y la derogación de los beneficios a las megainversiones de la ley 2010 de 2019.
Sobre ellas, el documento del MinHacienda, concluye: “Es dable señalar que la iniciativa generaría un impacto fiscal negativo, en la medida que si bien incorpora algunas fuentes de ingreso adicional, las mismas no serían suficientes para compensar la pérdida estimada que recaería sobre el recaudo. Al respecto, se indica que las demás fuentes de recursos contempladas en el proyecto de ley son abstractas y difícilmente cuantificables”.
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