Condenan a 40 años de cárcel a tres militares retirados por la desaparición de tres personas durante la retoma del Palacio de Justicia

El tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano por el delito cometido cuando se desempeñaba como comandante del B-2

Familiares de los muertos y desaparecidos por el asalto de guerrilleros del M-19 al Palacio de Justicia de Bogotá, en el que murieron un centenar de personas, conmemoran ese trágico suceso. EFE/Guillermo Legaria/Archivo
Familiares de los muertos y desaparecidos por el asalto de guerrilleros del M-19 al Palacio de Justicia de Bogotá, en el que murieron un centenar de personas, conmemoran ese trágico suceso. EFE/Guillermo Legaria/Archivo

Este martes 19 de octubre, se conoció que la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 40 años de cárcel a tres militares retirados por su coautoría en la desaparición forzada agravada en contra de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, durante la retoma del Palacio de Justicia.

Los uniformados (r), Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña, serán inhabilitados para ejercer funciones públicas por 20 años y deberán pagar una multa de 6.150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2007, por este grave crimen que fue cometido en 1985.

A su vez, el tribunal ratificó la condena de Óscar William Vásquez y del coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, por su coautoría en el delito de desaparición forzada agravada cuando se desempeñaba este último como comandante del B-2, grupo encargado de los sobrevivientes de uno de los episodios más violentos en la historia de Colombia.

Tanto el coronel Sánchez Rubiano como el exmilitar Vásquez Rodríguez deberán pagar una pena de 40 años de prisión y una multa de 3.500 (smlv) para 2007, por estos hechos por los que fue condenado a 35 años de cárcel el general Jesús Armando Arias Cabrales.

Por su parte, Rodríguez Vera y Beltrán Hernández fueron identificados como empleados de la cafetería del Palacio, por sus propios compañeros, y Franco Pineda fue reconocida como miembro del M-19, grupo guerrillero que ingresó al edificio en el que se encontraba la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado el 6 de noviembre de 1985 para tomar como rehenes a más de 300 personas.

Días después, el Ejército Nacional realizó la retoma de este recinto en una operación que dejó un saldo de 94 personas fallecidas, dentro de las que destacan once magistrados de la Corte, y once desaparecidos, que en su mayoría eran empleados de la cafetería y visitantes.

Este año se cumplen 36 años de la toma del Palacio de Justicia ejecutada por la guerrilla del M-19 para presionar un juicio político en contra de quien era presidente de la República, Belisario Betancur, por incumplir al proceso de paz con ese grupo armado.

A pesar de que el Ejército Nacional entró al Palacio a la llamada ‘retoma’, muchas dudas quedaron frente a lo que sucedió ese día, principalmente al interior de la Casa Museo del Florero, ubicada a pocos metros del Palacio y la cual fue tomada por las Fuerzas Militares como un puesto de operaciones improvisado.

Las personas que eran rescatadas del Palacio de Justicia eran llevadas a este lugar por parte del ejército. Lo que pasaba en el segundo piso de esa casa era único: los que eran sospechosos de haber participado en la toma fueron interrogados y hasta torturados. Las víctimas de estos tratos fueron supuestos miembros de la guerrilla del M-19.

En este operativo se reportó la desaparición de varias personas que habrían salido con vida del Palacio y trasladadas hasta la Casa. Entre ellos estaba una guerrillera del ‘M’, siete empleados de la cafetería y tres visitantes ocasionales.

Por estos hechos se abrió el expediente ‘Desaparecidos del Palacio de Justicia’ en la Fiscalía General de la Nación, donde fueron investigados distintos oficiales del Ejército que controlaron el manejo de rehenes y comandaron la ‘retoma’. Así fue como el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, quien lideraba la identificación de los rehenes que llegaban a la Casa del Florero, fue vinculado formalmente al proceso.

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