Consejo de Estado confirmó que el exsenador Eduardo Pulgar trató de sobornar a un juez y ratificó su ‘muerte política’

El excongresista del Partido de la U, hoy preso en La Picota, le ofreció “200 barras” a un juez y ahora no podrá hacer política nunca más

A la izq. Andrés Rodríguez Cáez, exjuez del municipio de Usiacurí, Atlántico.  A la der. exsenador condenado, Eduardo Pulgar.
A la izq. Andrés Rodríguez Cáez, exjuez del municipio de Usiacurí, Atlántico. A la der. exsenador condenado, Eduardo Pulgar.

En la mañana de este miércoles 13 de octubre se conoció que, en primera instancia, el Consejo de Estado avaló la pérdida de investidura del exsenador Eduardo Pulgar Daza; es decir que se le declaró lo que coloquialmente se conoce como ‘muerte política’, lo que inhabilita al sentenciado a prisión por 4 años y 10 meses para que no ejerza cargos de elección popular nunca más.

Pulgar es acusado de sobornar con 200 millones de pesos al juez Andrés Fernando Rodríguez Cáez para que fallara a favor de un caso en el que el excongresista tenía cierto interés. El fallo del Consejo de Estado, conocido por la emisora La FM y el diario El Espectador, evidencia que el implicado, quien militaba en el Partido de la U y fue segundo vicepresidente del Senado en 2018, no podrá ejercer cargos públicos ni políticos en lo que le queda de vida.

La sentencia, que tuvo como ponencia la del consejero Carmelo Perdomo, explica que Pulgar alardeaba de su cargo como senador de la República para influenciar la decisión del jurista antes mencionado en el municipio de Usiacurí, Atlántico.

“Traficar influencias y ofrecer dinero a un juez de la República para pretender que decida un asunto judicial al margen de la ley, es, de suyo, éticamente inaceptable, y mayor gravedad reviste cuando proviene de un congresista, como lo fue el señor Pulgar Daza, hacedor de las normas que regulan la conducta de las personas en sociedad”, reza el documento.

Vale recordar que en marzo de este año, Pulgar aceptó los cargos antes descritos ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que ahora está preso cumpliendo su sentencia en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá, luego de querer beneficiar a su aliado político, Luis Fernando Acosta Osío, quien buscaba seguir dirigiendo la Universidad Privada Metropolitana, la Fundación Acosta Bendek y el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla.

“El señor Pulgar Daza actuó en forma dolosa y planeada. (...) Aprovechó su condición de senador para influir en el alcalde de Usiacurí (no en otra persona), dado que este lo reconocía como «su jefe político», para lograr, por su intermedio, el encuentro con el juez tantas veces mencionado y hacerle una oferta de dinero”, explica el documento.

En otros de los apartes del fallo, el Consejo de Estado recuerda la columna del periodista Daniel Coronell, quien reveló la denuncia que hoy tiene a Pulgar tras las rejas, donde se evidencia la maniobra que el hoy expolítico sostuvo con el juez para sobornarlo y ayudar al individuo antes mencionado.

“Da a entender que albergaba la posibilidad de que, al creerse superior al juez y con la oprobiosa oferta de dinero, este sucumbiera por el influjo sicológico y diera paso a sus ilícitas codicias, pero afortunadamente no resultó así: ¡la conciencia de un hombre honesto no tiene precio!”. (...) Fue la condición de senador de la República la razón cardinal que motivó al señor Pulgar Daza a buscar el modo de influir en el juez primero promiscuo de Usiacurí, de forma dolosa”, sentenció el Consejo en el fallo.

De igual manera, la entidad criticó las afirmaciones que el excongresista citó durante las audiencias refiriéndose a las “200 barras” que le ofreció al togado para tales fines. “El comportamiento integérrimo que se espera de un congresista, cuya misión sillar es la de regular la conducta colectiva o de la sociedad toda a través de normas abstractas e impersonales, o si se prefiere, limita la libertad de las personas, así lo impone, aún en tiempos de crisis”, agrega el tribunal supremo.

Y agregó: “Cuando el senador tuvo enfrente al juez, durante la reunión privada hizo gala repetidamente de su condición de tal y de su poder político, para tratar de incidir en la voluntad del servidor judicial y lograr sus reprobables propósitos en favor de un tercero, se itera”, añadió el Consejo de Estado.

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