Lavaron más de 20 millones de dólares comercializando oro extraído ilícitamente

Un importante golpe contra las organizaciones criminales fue dado en las últimas horas por la Fiscalía General de la Nación luego de liderar dos acciones investigativas y judiciales en defensa de los recursos naturales. Gracias a las intervenciones se logró la captura de 16 personas en total, quienes fueron presentadas ante jueces de control de garantías e imputadas por diferentes delitos.

En una de las acciones se pudo capturar y judicializar a siete personas, entre ellas cuatro integrantes de una misma familia y un funcionario de la Alcaldía de Timbiquí (Cauca). De igual manera, en la otra acción contra la minería ilegal se capturaron a siete hombres y una mujer que, al parecer, obtenían carbón de manera ilegal y generaban grave daño ambiental en una vasta zona de Leguazaque (Cundinamarca).

CLAN FAMILIAR COMERCIALIZABA ORO DE MANERA ILEGAL

La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cauca de la Fiscalía, en un trabajo articulado con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, logró la desarticulación de una red señalada de comercializar oro extraído ilegalmente de los entables mineros en Timbiquí y Guapi (Cauca).

A través de la comercializadora NATAN, esta organización habría reportado ante las autoridades la venta de oro por más de 20′000.000 de dólares en los últimos cuatro años. Ante esto, y para soportar la millonaria suma, que triplicaba el presupuesto anual de Timbiquí, fueron anexados diferentes documentos en los que se afirmaba que el mineral era comprado a barequeros del Cauca.

De acuerdo con los informes, los mineros artesanales que aparecían en el papel, al parecer, no negociaron oro con la citada empresa o, por lo menos, nunca en las cantidades indicadas inicialmente. Asimismo, el material de prueba da cuenta de que los nombres de estos trabajadores, supuestamente, fueron entregados a la organización delictiva por Claudio Gilberto Hernández Lerma, un funcionario de la Alcaldía de Timbiquí (Cauca) que tenía a cargo esta información.

En ese sentido, en las verificaciones se constató que inicialmente el oro que salía de los frentes de explotación ilegal era adquirido en dos compraventas de Timbiquí y Guapi (Cauca), y luego del uso fraudulento de los datos de los barequeros y otras maniobras de legalización, lo vendían a una fundidora internacional.

De esta manera, se demostró que la estructura habría lavado algo más de 2′000.000 de dólares, sólo en 2018.

Las evidencias indican que todo el andamiaje ilegal sería coordinado desde Sabaneta (Antioquia) por Aldemar Alberto Sáez Lozano; su compañera sentimental, Ana Milena Pineda Muñoz; y dos de sus hijos, Carlos Alberto Sáez Jaramillo y Camilo Sáez Pineda. Además de ellos, aparecen involucrados Roberto López Valencia, quien fungía como representante legal de comercializadora NATAN; y José Julián Vásquez Arboleda, supuesto responsable de la documentación fraudulenta.

Los siete presuntos integrantes de la red, entre ellos el servidor público, fueron capturados en diligencias realizadas de manera simultánea en Medellín y Sabaneta (Antioquia), y en Timbiquí (Cauca). En los procedimientos se logró la incautación de $20′650.000 en efectivo, seis teléfonos celulares y abundante documentación.

Ante el material de prueba la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y fraude procesal. Por esta razón todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

CARBÓN EXTRAÍDO ILEGALMENTE

En la otra acción lograda por los investigadores del CTI de la Fiscalía, quienes contaron con el apoyo del Ejército Nacional, se logró la captura en situación de flagrancia de nueve personas que extraían carbón, en la modalidad de socavón, en la vereda La Cuba de Lenguazaque (Cundinamarca).

En el lugar de los hechos se constató perdida de capa vegetal, daños al suelo y otros efectos ambientales irreversibles; así como el ejercicio de la actividad sin los permisos de ley.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de daño en los recursos naturales, y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

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