Hacer un segundo piso ya no sería tan complicado en Colombia: lo que debe saber de la nueva norma

Para miles de familias en Colombia, mejorar su casa ha sido durante años un desafío que va mucho más allá de lo económico. Entre papeles, permisos y requisitos técnicos, levantar un segundo piso o ampliar una vivienda puede convertirse en un camino lleno de obstáculos que no siempre logran superar.

Esa realidad ha llevado a que, en la práctica, muchas personas opten por construir sin cumplir todos los trámites exigidos. El resultado es un crecimiento urbano marcado por la informalidad, con edificaciones que no siempre cumplen estándares de seguridad y que, además, exponen a sus propietarios a sanciones legales e incluso a órdenes de demolición.

En ese contexto, el Gobierno nacional decidió introducir un cambio que busca aliviar parte de esa carga. A través del Decreto 1166 de 2025, expedido por el Ministerio de Vivienda en noviembre de 2025, se abrió la puerta para que algunos hogares puedan realizar intervenciones en sus inmuebles sin necesidad de tramitar una licencia de construcción, un requisito que históricamente ha sido una de las principales barreras.

La medida no aplica de forma general. Está diseñada específicamente para viviendas que fueron beneficiarias de subsidios familiares, ya sea otorgados directamente por el Gobierno o por entidades que operan bajo ese esquema, como las cajas de compensación familiar. En estos casos, las familias podrán adelantar obras como ampliaciones o mejoras bajo condiciones particulares que simplifican el proceso.

Sin embargo, el cambio no significa que las construcciones queden sin control. Por el contrario, el decreto establece una serie de requisitos que buscan garantizar que las intervenciones se realicen de manera segura y conforme a la normativa vigente. Uno de los puntos clave es que las obras deben encajar dentro de modalidades específicas, mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva o construcción en sitio propio.

Además, las intervenciones deben contar con un respaldo técnico. En lugar de la licencia tradicional, se exige una carta de responsabilidad firmada por profesionales idóneos, como arquitectos o ingenieros, quienes certifican que el proyecto cumple con las normas urbanísticas y con los estándares de construcción sismo-resistente. Este documento se convierte, en la práctica, en el aval que permite iniciar la obra.

A esto se suma una condición adicional que apunta a la transparencia del proceso. El responsable del proyecto deberá instalar una valla informativa visible desde el espacio público, en la que se indique que la intervención se realiza como parte de un subsidio de vivienda, junto con los datos básicos de la obra. Esta exigencia busca que tanto autoridades como ciudadanos puedan identificar fácilmente el tipo de intervención que se está ejecutando.

La intención de la norma es clara: facilitar que las familias de menores ingresos puedan mejorar sus condiciones de vivienda sin quedar atrapadas en trámites largos o costosos. Durante años, la complejidad del sistema ha sido uno de los factores que alimenta la informalidad en la construcción, especialmente en sectores donde la necesidad de ampliar la vivienda es urgente.

Aun así, el decreto no elimina por completo la figura de la licencia de construcción. Lo que plantea es una excepción puntual para casos específicos, en los que esta se sustituye por un mecanismo técnico que, en teoría, mantiene los estándares de calidad y seguridad.

El desafío ahora estará en su implementación. La efectividad de la medida dependerá de que las familias conozcan estas nuevas reglas, de que los profesionales asuman con rigor su responsabilidad y de que las autoridades logren hacer seguimiento sin convertir el proceso nuevamente en una carga excesiva.

En un país donde el acceso a vivienda digna sigue siendo una tarea pendiente, cualquier ajuste en las reglas del juego puede marcar la diferencia. Este decreto, al menos en el papel, intenta equilibrar dos necesidades urgentes: facilitar el acceso a mejoras habitacionales y evitar que la informalidad siga creciendo sin control.