‘Gobierno hizo perder prácticamente cuatro años de la implementación del acuerdo de paz’: Partido Comunes

Julián Gallo, senador del Partido Comunes, habló con Infobae sobre los puntos más álgidos de la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las extintas Farc

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Carlos Lozada fue parte del acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las Farc. Ahora es senador de la República.
Carlos Lozada fue parte del acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las Farc. Ahora es senador de la República.

Este 2021 se cumplen 5 años desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado, liderado por el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y la extinta guerrilla de las Farc, ahora partido Comunes. Ha corrido mucha agua bajo el puente que tenía como objetivo unir a Colombia alrededor de las banderas de la paz, pero que se ha visto torpedeado por diferentes actores y enemigos de diferentes bandos e ideologías políticas

Uno de los actores principales de este acuerdo histórico fue la guerrilla de las Farc, un movimiento revolucionario que con el pasar de los años se convirtió en el principal enemigo del Estado Colombiano y de la opinión pública por sus cuestionados métodos como el secuestro, el terrorismo y el narcotráfico.

Tras la firma del acuerdo el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, luego de que el firmado en Cartagena el 26 de septiembre tuvo que ser reformado tras el resultado del plebiscito del 2 de octubre del mismo año, las Farc se convirtió en un partido político que se ha transformado con los años.

Ahora, bajo el nombre de Partido Comunes, algunos de los principales miembros del secretariado cambiaron los uniformes camuflados y las armas por trajes y debates en el Congreso de la República.

Uno de ellos es Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Lozada, quien fue integrante del Secretariado de las FARC-EP desde el 2010 y de los Comandos Urbanos como la Red Urbana Antonio Nariño y ahora es Senador de la República.

En Infobae hablamos con el senador del Partido Comunes sobre uno de los temas más importantes en este momento tan importante de los acuerdos: la implementación y el compromiso del Gobierno de Iván Duque con este acuerdo histórico, las próximas elecciones y su influencia en lo pactado.

¿Qué es lo más difícil de la implementación del acuerdo de paz?

Un gobierno enemigo del acuerdo. Esto fue, además, consecuencia del plebiscito que hizo perder a Colombia prácticamente cuatro años de la implementación del inicio de una etapa de transición para el cierre de un conflicto de más de medio siglo, que seguramente de haber sido aprovechados por este Gobierno nos tendría en una situación totalmente distinta en todos los órdenes; a nivel socioeconómico, a nivel de la seguridad de los territorios y sobre todo haber logrado avanzar en completar el acuerdo de paz con las otras organizaciones que, todavía hoy, persisten en el enfrentamiento armado con el Estado. De manera que el Gobierno Iván Duque definitivamente ha sido un desastre para hacer realidad la implementación del acuerdo.

¿En qué puntos ha fallado el gobierno en la implementación? ¿en todos o ha tenido algún punto positivo?

Hay aspectos en los que uno podría decir que mal que bien ha habido unos avances mínimos. En el tema de la reincorporación se han aprobado algunos proyectos, aunque eso va sumamente lento. Actualmente los proyectos productivos que se están desarrollando por parte de los excombatientes solamente benefician aproximadamente al 50% de quienes dejamos las armas. Nosotros hemos tenido alguna posibilidad de adelantar la reincorporación política a través de quienes hacemos parte de la bancada, pero todo esto se ha dado también en medio de una estigmatización muy dura por parte del propio Gobierno, e incluso del presidente Duque y de su bancada.

En el Congreso, el tema de las garantías de seguridad; llevamos 291 exguerrilleros asesinados y más de 1600 líderes sociales; somos en este momento el país con mayor número de líderes ambientalistas asesinados en el mundo; la reforma rural integral no se está implementando; no se avanza para nada en el tema del catastro multipropósito y el Gobierno no presentó ninguna iniciativa legislativa que desarrolle el acuerdo de paz; está pendiente la reforma política. De las 95.000 familias que firmaron el acuerdo de sustitución voluntaria apenas a un 60% les está llegando la asignación mensual, pero no se avanza en planes para lograr sustituir esos cultivos de uso ilícitos por cultivos lícitos, no hay construcción de vías, no hay infraestructura social que permita incorporar esos territorios a la economía licita del país.

Es realmente un panorama desolador en materia de implementación. Y termino con esto: el Gobierno diseñó una política pública que denominó Paz con Legalidad, ya de entrada en el título uno ve que hay una intencionalidad perversa al decir que el acuerdo es ilegal, y esa política la cimentó sobre 2 pilares fundamentales. Uno simular la implementación del acuerdo hacer ver que desarrollos de lo que son los programas de Gobierno hacen parte de la implementación del acuerdo incluido la asignación de recursos, por ejemplo, en el tema PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) y, por otro lado, presentar una visión reduccionista del acuerdo como si el acuerdo fuera simplemente el desarme de los exguerrilleros y su reincorporación; este Gobierno nunca ha hecho referencia a los aspectos centrales digamos estructurales del acuerdo.

¿Sienten que el Gobierno está implementando el acuerdo de paz por su lado sin contar con el Partido Comunes?

Sí, yo diría que implementando algunos aspectos muy parciales del acuerdo y desde luego que no ha contado con la contraparte. Nosotros somos una parte tratante de un acuerdo de paz y el Gobierno se ha cuidado de no poner a funcionar los mecanismos que fueron creados como la Comisión de Impulso y Seguimiento a la Implementación del acuerdo, el Consejo Nacional de reincorporación que ha funcionado de manera muy irregular y el Grupo de notables no fue convocado nunca por este gobierno.

Más bien desarrolló una política agresiva de señalamiento a un país garante de los acuerdos como lo es Cuba. Todo esto dibuja digamos la mala intención y la doble moral con que el gobierno de Iván Duque ha enfrentado la implementación.

Hablemos un poco de los proyectos productivos y de los reincorporados ¿cómo ven ellos esos cinco años que han pasado desde la firma del acuerdo?

En general hay mucha desconfianza, frustración, incertidumbre porque ven que no se cumplió; el Gobierno ha cumplido con la asignación mensual, la renta básica que fue acordada, lo mismo con hacer llegar a algunos espacios unas provisiones, pero es que esa no es la idea del acuerdo; nosotros no estamos pidiendo que a través de una política asistencialista finalmente la gente no tenga que depender de una renta básica, nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos permita la reincorporación socioeconómica y en eso hay un elemento central que es la tierra.

Este Gobierno no ha querido invertir en la compra, no solamente de las propiedades o del terreno donde están ubicados esos espacios, sino en terrenos para poder producir, nosotros somos una población con una vocación mayoritariamente agropecuaria, la guerrilla nuestra en un 90% era una guerrilla campesina.

Si hay avances en los proyectos productivos en buena medida es gracias a la cooperación internacional; yo debo destacar aquí que tal vez si hay un factor que ha permitido, además de la voluntad política con la que la gente que la gente nuestra se ha mantenido dentro del acuerdo es el apoyo de la comunidad internacional. Ahí ha sido decisivo el apoyo de las Naciones Unidas a través de la misión, del propio Consejo de Seguridad que ha estado muy atento a la implementación del acuerdo y desde luego de la Unión Europea y agencias internacionales que se han echado sobre los hombros la ayuda y la responsabilidad incluso de asesorar técnicamente los proyectos porque en esto hay que decir que el gobierno ni siquiera en dar asesoría para que esos proyectos puedan tener mayor posibilidades de consolidarse desde el punto de vista económico se ha cumplido cabalmente.

¿Cuál es el mayor reto de los proyectos productivos?

Yo diría que el primero es la falta de tierra, obviamente es muy difícil generar un proyecto cuando uno no tiene tierra. Buena parte de esos proyectos se están haciendo sobre tierras arrendadas, con el propio esfuerzo de los de los exguerrilleros. Adicionalmente, hay un problema de deficiencias en la Administración, pues no fuimos preparados para eso.

Otro tema es el del mercadeo. No se ha logrado generar una política por parte del Gobierno que se pudo haber hecho con entidades como como como el Sena o incluso con los propios gremios, generando puentes para que se garantice la comercialización de los productos. Yo diría que esos son los tres factores fundamentales, tierra, capacitación administrativa y técnica y la comercialización de los productos.

Del acuerdo de paz ¿Qué es lo más urgente que se tiene que implementar en este momento?

Nosotros somos de la idea de que el acuerdo es una integralidad no se puede plantear la implementación de manera separada porque si uno se pone a analizar todo el texto, vamos a ver que la alta concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, lo que nosotros denominamos el latifundismo, tiene un su contraparte en la concentración también del poder político en esos mismos territorios es decir, no son dos fenómenos desligados, por eso el punto uno la reforma rural integral, pues está directamente ligado con el punto dos que la reforma política y a su vez esa alta concentración de la tierra, es una de las causas fundamentales, diría que la decisiva para la existencia de cultivos ilícitos, en la medida en que esa concentración ha desplazado los campesinos selva dentro y en esas profundidades el único producto que es rentable al campesino es la producción de hoja de coca, y a eso se liga también la concentración del poder político y de la de la propiedad de la tierra, se hace necesaria la conservación y la estructuración de esas, bandas armadas para militares, porque solo así se pueden sostener un régimen tan injusto

Visto de esa manera, vamos a ver que el tema del deterioro de las de la seguridad en los territorios, la concentración de la propiedad de la tierra, el monopolio del poder político y la existencia de cultivos ilícitos hacen parte desde una sola realidad, por eso no se puede hablar de la implementación prioritaria de un punto que es por supuesto que debe ser paulatino.

El acuerdo estaba planteado para un periodo de por lo menos 15 años, pero lo que vemos es que no se ha avanzado realmente en de manera simultánea y paralela en esos cuatro aspectos.

¿Si usted le pusiera un porcentaje a la implementación, en qué porcentaje estaría implementado el acuerdo de paz?

Realmente yo siempre he sido enemigo de las cifras, yo creo que un tema tan complejo como el acuerdo, aunque obviamente cada uno de los aspectos que en que se desdobla, la implementación del acuerdo tiene sus propios indicadores, ahí se pudiera hablar, en términos de cifras, y uno pudiera decir que se habrá avanzado un 10 o 12%, pero acá voy a presentar otra faceta de la apreciación, de la implementación y es que por lo general cuando se hace el análisis, se queda en la parte técnica o en la particularidad de cada uno de estos aspectos, que yo he venido mencionando, lo que no quiere decir que el acuerdo haya fracasado o que sea frágil como se ha querido señalar, más bien es que el acuerdo en sí mismo ha logrado cumplir yo diría que el objetivo fundamental, por lo menos que desde quienes estábamos en ese momento en la insurgencia nos planteamos y es retirarnos del conflicto, retirarnos de la realidad del enfrentamiento armado, de alguna manera estamos facilitando por un lado, quitarle la herramienta fundamental a la a la élite dominante que venía utilizando para justificar su régimen de denominación.

La guerra, por su prolongación, terminó convirtiéndose en el factor fundamental del soporte de ese régimen y a su vez al retirar esa esa esa confrontación de la relación entre la insurgencia y el Estado.

Tras el acuerdo se lanzaron a la actividad política y social una serie de sectores sociales y políticos que hoy en día son factores fundamentales y determinantes en el desenvolvimiento de la situación.

Me estoy refiriendo, por ejemplo, al movimiento que se generó dos días después de la pérdida del plebiscito con movilizaciones en las grandes ciudades, fundamentalmente de jóvenes y de mujeres. Luego lo que se expresó como un rechazo de más de 11 millones de colombianos que acudieron a las urnas en la consulta Anticorrupción.

Además, la desaparición del enfrentamiento armado entre el Estado y las FARC permitió que la sociedad comenzara también a darse cuenta de que hay unas otras problemáticas que son incluso más nocivas para la existencia de una democracia como es el caso en este caso, la corrupción.

Creo que no hay nadie que no acepte que de alguna manera están relacionados con la nueva realidad que se originó con la firma del acuerdo, pues es un elemento sustancial porque finalmente el acuerdo visto en esa perspectiva es una hoja de ruta para la construcción de lo que debe ser una nueva Colombia a mediano plazo de manera que en ese sentido nosotros sí consideramos que ha habido un avance muy importante, porque hoy en día es evidente que la mayoría de la sociedad colombiana se apropió y se adueñó del acuerdo y han entendido la necesidad de participar activamente en ese proceso de transformación de la sociedad.

Ustedes insisten en el que Gobierno ha desfinanciado el proceso de paz ¿Cómo ha sido desde su perspectiva esa desfinanciación de lo pactado?

Creo que quizás la próxima semana se va a discutir el presupuesto de la vigencia fiscal de 2022 y ahí está plasmado claramente la desfinanciación del del acuerdo, por ejemplo, toda la inversión que debería estar destinada al Plan Nacional Integral de sustitución de cultivos ha sido completamente desfinanciada con el argumento de que esos fondos van a ser trasladados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y que desde allí se van a aplicar, pero lo cierto es que no hay hasta ahora en ese proyecto que está a consideración del Congreso recursos para seguir financiando ese proyecto tan importante como la sustitución de cultivos.

Igualmente sucede con otros aspectos centrales como la financiación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, el Gobierno lo que ha hecho es, faltando a lo que a lo que fue el mandato de la Corte Constitucional en el sentido de que esos recursos deberían ser frescos, es traslado de programas de desarrollo social que hacen parte del funcionamiento normal del Estado y de los gobiernos y han presentado esos planes y esos presupuestos como si fueran recursos nuevos, lo cual no es enteramente cierto

Igualmente en el tema de la reforma rural integral no han destinado recursos para avanzar en un aspecto que central y es en la definición, a través del catástrofe multipropósito, de cuánta tierra hay disponible en Colombia y en manos de quién está, lo que permitiría no solamente acabar con ese problema que hay de la desfinanciación de los municipios, en la medida en que los grandes predios no pagan impuestos, sino que además permitiría encontrar las tierras disponibles para cumplir con la meta de los 3 millones de hectáreas que fueron pactados y que a partir de un fondo deberían ya estarse entregando, no se ha avanzado en eso.

Lo mismo en la formalización de los otros siete millones de hectáreas que están en este momento en manos de los campesinos, pero que no poseen títulos, entonces si uno se pone a mirar en cada uno de los aspectos, vamos a encontrar con que realmente esos recursos no han llegado para para poder concretar y materializar.

¿Ustedes creen que hay una desilusión en el partido frente a ese acuerdo y cómo se ha implementado?

Muchos compañeros nuestros obviamente se han sentido de alguna manera engañados traicionados, desilusionados, frustrados porque las expectativas eran mayores, pero pues en ese sentido, desde el partido siempre hemos insistido en que hay que entender la implementación del acuerdo como un terreno en disputa, como algo que solamente se va a lograr en la medida en que logremos configurar una correlación de fuerzas favorables a la implementación integral del acuerdo, es muy ingenuo de alguna manera creer que con la simple firma del presidente Santos, se iba inmediatamente a acabar el problema de la implementación, más bien, ahí se inicia, máxime cuando producto el resultado del plebiscito nos tocó a asumir la realidad de un gobierno enemigo del acuerdo, de manera que por supuesto que eso ha afectado de alguna manera las expectativas que se tenían, pero pues también eso debe asumirse, es la postura de la dirección del partido, a través de un análisis político.

¿Cuál es el legado presidente Duque frente al proceso de paz?

El legado que deja Iván Duque frente al proceso de paz es que le faltó tener la estatura histórica para haber entendido que, como primer presidente luego de la firma de un acuerdo de paz, pudo haber sentado las bases de un nuevo país, pero el prefirió privilegiar los intereses de sus mentores políticos, del latifundismo, de los guerreristas, de las mafias políticas que han cooptado el Estado colombiano y desaprovechó esa oportunidad histórica.

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