Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, condenado a pagar cinco días de cárcel por desacato de una tutela

El Juzgado de Pivijay determinó que el mandatario no cumplió con el reintegro de una mujer que había sido víctima de un documento falso que la dejó sin trabajo

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El gobernador del departamento colombiano del Magdalena, Carlos Caicedo, realiza declaraciones a EFE en Bruselas donde ha mantenido encuentros con funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). EFE/ Leo Rodríguez
El gobernador del departamento colombiano del Magdalena, Carlos Caicedo, realiza declaraciones a EFE en Bruselas donde ha mantenido encuentros con funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). EFE/ Leo Rodríguez

El actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, deberá enfrentar una orden de arresto emitida por el Juzgado Promiscuo de Pivijai más una multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes por el desacato de una tutela que le exigía a la Gobernación reintegrar al cargo a la gerente del hospital de Pivijay.

Lo sucedido se dio desde que ese mismo Juzgado emitió un fallo exigiendo que Mayra Castro Brito volviera a la gerencia del centro médico, cargo al que habría renunciado a través de una carta que ella asegura no haber firmado nunca.

El Juzgado entonces determinó que el documento no era real y pidió la suspensión de un decreto que ponía en su reemplazo a Martha Liliana Chaparro Trujillo como nueva gerente y reintegrar a Castro Britto. Todo esto debía hacerse en un plazo de 48 horas después del fallo del 27 de agosto. También hubo decisión en segunda instancia después de una impugnación por parte de la gobernación.

Sin embargo, para la fecha el gobernador estaba fuera del país huyendo de presuntas amenazas contra su vida que habría recibido de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En su posición estaba Adolfo Bula, secretario del Interior quien dijo estar impedido para realizar la acción dado que su esposa era la gerente encargada, es decir, Martha Chaparro, por lo que pidieron concepto de la Procuraduría General de la Nación que no se ha pronunciado.

Pero al no cumplirse dentro de los tiempos establecidos, el juzgado condenó al gobernador Carlos Caicedo a pagar los cinco días de arresto y la multa. En diálogo con Blu Radio, el abogado de la mujer dijo que era un fallo positivo y que “pareciera que el gobernador Caicedo cree que está por encima de la ley”.

“Imponer al Dr. CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, identificado con la c.c. No. 85′448.338, en calidad de representante legal de la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, arresto inconmutable de cinco (05) días y multa de dos (02) salario mínimo mensual, por desacato a lo ordenado en sentencia de tutela calendada” se lee en el documento oficial.

Por otro lado, hace unas semanas Caicedo acusó al presidente Iván Duque de no haberlo invitado al evento de inauguración del laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que se llevó a cabo en la zona bananera del departamento. El mandatario departamental, quien regresó al país el pasado 7 de septiembre tras las amenazas de las AGC, aseguró que el Gobierno nacional “desconoce su mandato popular” al obviar su invitación al evento.

“El proyecto de desestabilización y saboteo es cada día más claro, el presidente Duque, el ministro de Defensa y el de Agricultura llegan a la zona bananera con la excusa de inauguración de laboratorio ICA. Vienen a reunirse a puerta cerrada con alcaldes y clase política tradicional. El presidente Duque desconoce el mandato popular al no invita al gobernador del departamento”, aseveró Caicedo a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, advirtió que esta reunión política “no deja dudas sobre quien lidera” supuestamente un “bloqueo” contra la gobernación del departamento, y que a pesar de esto, solicitó apoyar su visita en la que había solicitado ambulancias y vehículos para su desplazamiento.

Ante esto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, salió en defensa del primer mandatario asegurando que Iván Duque se “reúne con alcaldes, diputados, concejales, congresistas, miembros de juntas de acción comunal y líderes de barrio en cualquier parte del territorio, sin pedir permiso a nadie”.

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