Martha Peralta no sería enviada a prisión: magistrada Lombana propuso que siga el proceso por corrupción en la Ungrd en libertad

La situación jurídica de la senadora Martha Peralta quedó en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la magistrada Cristina Lombana radicara la ponencia en la que propone que la congresista continúe vinculada al proceso penal sin que se le imponga una medida de aseguramiento por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La propuesta será debatida por los magistrados de la Sala de Instrucción durante la próxima semana. Si la mayoría respalda el criterio de la magistrada ponente, Peralta seguirá enfrentando la investigación en libertad. En caso contrario, el alto tribunal podría ordenar una medida de aseguramiento en su contra mientras continúa el proceso.

La ponencia representa un nuevo capítulo dentro de la investigación que adelanta la Corte Suprema por las presuntas irregularidades en la contratación de la Ungrd, un caso que también involucra a exfuncionarios del Gobierno y a otros actores políticos señalados de integrar un supuesto entramado para direccionar recursos públicos y obtener apoyos legislativos.

La ponencia que será estudiada por la Corte Suprema

La decisión presentada por la magistrada Cristina Lombana no constituye un fallo definitivo, sino una propuesta que deberá ser sometida a consideración de los demás integrantes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Será ese órgano el encargado de establecer si comparte la conclusión de la magistrada de que no existen razones para imponer una medida de aseguramiento contra la senadora en esta etapa de la investigación o si, por el contrario, considera procedente restringir su libertad mientras avanza el proceso.

Peralta fue llamada a rendir indagatoria por su presunta participación en las irregularidades investigadas alrededor de la Ungrd. El expediente busca establecer si la congresista tuvo algún grado de participación en un supuesto esquema para direccionar contratos y gestionar proyectos a cambio de respaldos políticos en el Congreso.

Entre los hechos que analiza la Corte figura una orden de proveeduría expedida el 25 de octubre de 2023 por un valor de $2.170 millones para contratar 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a obras de recuperación en Riohacha, La Guajira.

Además, la Fiscalía ha señalado a la senadora como una de las presuntas “articuladoras” del entramado mediante el cual se habrían promovido proyectos de la Ungrd para congresistas con el propósito de asegurar votos favorables a iniciativas del Gobierno. Según la hipótesis de los investigadores, Peralta habría coordinado una estrategia para alinear el respaldo de integrantes de la Comisión Séptima del Senado mediante la promesa de impulsar proyectos para sus regiones.

En ese contexto, también se investiga un presunto acuerdo alcanzado en junio de 2023 entre la congresista y el entonces director de la Ungrd, Olmedo López.

La radicación de la ponencia ocurre después de varias actuaciones judiciales relacionadas con la comparecencia de la congresista ante la Corte Suprema. Antes de la diligencia de indagatoria, la magistrada Cristina Lombana había ordenado que la Policía condujera a Martha Peralta hasta la sede del alto tribunal.

Sin embargo, la defensa sostuvo que la senadora ya se encontraba en las instalaciones de la Corte cuando fue emitida la orden, por lo que cuestionó el procedimiento. Finalmente, la diligencia se realizó bajo esas circunstancias.

Posteriormente, la defensa presentó una acción de hábeas corpus con el propósito de obtener la libertad inmediata de la congresista, luego de la orden de privación de la libertad con fines de indagatoria.

Sin embargo, la solicitud fue negada por el Juzgado 21 de Familia, cuya titular, la jueza Sandra Bernal, concluyó que la medida había sido expedida por una autoridad judicial competente y se encontraba sustentada en las disposiciones de la Ley 600 de 2000. Además, indicó que el hábeas corpus no puede utilizarse como una instancia adicional para controvertir decisiones adoptadas dentro de un proceso penal ni como un mecanismo para revisar la legalidad de providencias judiciales.

Por su parte, en el documento remitido al juzgado, la magistrada Lombana explicó que la privación de la libertad tenía un carácter estrictamente temporal y estaba vinculada únicamente al desarrollo de la diligencia de indagatoria. “Culminada la diligencia, la medida podría cesar, lo que confirma que no se trata de una detención preventiva ni de una restricción indefinida, sino de un acto instrumental al servicio de la diligencia”, señaló la magistrada.

Con la ponencia ya radicada, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberá adoptar la decisión definitiva sobre la situación jurídica de la congresista.