Defensoría alerta por riesgo de reclutamiento de menores indígenas por disidencias de las FARC en el Amazonas

La entidad alertó que el frente primero ‘Carolina Ramírez’, que opera en el municipio de La Pedrera, habría reclutado a cuatro menores indígenas

Niños indígenas de la etnia Xikrin en el río Bacaja. EFE/FERNANDO BIZERRA JR/ Archivo
Niños indígenas de la etnia Xikrin en el río Bacaja. EFE/FERNANDO BIZERRA JR/ Archivo

Debido al riesgo de reclutamiento forzado contra niños, niñas y jóvenes indígenas por parte de las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC en la Amazonía colombiana, este martes la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia.

La entidad señaló que esta alerta temprana tiene la intención de proteger a los menores de los pueblos indígenas yacunas, uitotos, tanimukas, bora miraña, cabiyaris, cubeos, matapís, letuamas, entre otros, debido a que el frente primero ‘Carolina Ramírez’, que opera en el área municipalizada de La Pedrera ya habría incorporado a cuatro menores a sus filas.

“Resulta grave lo que está pasando en esa región con las comunidades indígenas y por esa razón alertamos a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias que permitan prevenir escenarios de reclutamiento, uso y utilización contra niños, niñas y adolescentes, y asegurar entornos para su protección”, alertó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

A su vez, el funcionario advirtió que esta amenaza de reclutamiento se puede extender hacia el río Apaporis y sus comunidades, así como a la subregión eje Caquetá debido a que este sector es un importante corredor de armas y mercancía vinculada a las actividades ilícitas de los grupos armados ilegales.

La Defensoría informó que en este sector del departamento del Amazonas, al sur del país, habitan las comunidades indígenas de Bacurí, Bocas del Mití, Renacer, Puerto Córdoba, Angostura, Kukare, Yukuna, Tanimuka, Lomalinda, Boricada y Kamaritagua, Yavira Angostura, pertenecientes a los resguardos de Puerto Córdoba, Yaigojé-Apaporis, Comeyafú, Curaré-Los Ingleses y Camaratagua.

Los intereses de la facción disidente de las FARC sobre La Pedrera no son solamente económicos, ya que busca ‘fortalecerse financieramente’ para engrosar sus filas, dada la vastedad, intereses y el carácter estratégico del territorio que pretenden dominar. Resulta evidente que necesitan vincular más personas a sus filas, por lo que volvemos a advertir sobre eventuales situaciones de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes”, aseveró Camargo.

Entre finales de julio y durante agosto de este año, las comunidades indígenas que habitan en el sector denunciaron el reclutamiento de cuatro menores de edad, lo que representa una violación de sus derechos y flagrantes amenazas contra su vida, integridad, seguridad y libertad.

Reclutamientos de las FARC

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la priorización del subcaso de reclutamiento de niños y niñas por parte de las Farc-EP dado que encontró al menos 18.667 víctimas directas. La Sala investigará el reclutamiento sistemático entre el primero de enero de 1996 y el primero de diciembre de 2016.

La JEP se enfocará en el bloque oriental (Cundinamarca, Meta, Arauca, Boyacá, Guaviare, Vaupés, Vichada, Guainía) y llamará a 26 personas para rendir versión ya que allí se dieron al menos el 50 % de los casos. La Sala indagará por el impacto diferenciado en los grupos étnicos y por otros tipos de violencias como la violencia sexual basada en genero, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos como abortos forzados y abusos sexuales.

Para realizar la priorización temporal, la Sala tuvo en cuenta que los datos analizados evidencian cuatro picos históricos de reclutamiento de menores en el país. Uno que comienza a crecer desde el año 1997 hasta llegar a su máximo punto en el 2000, con 1.817 victimizaciones. Un segundo pico, en el 2002, con 1.201 registros, un tercero, en el 2007, con 1.140 víctimas registradas, y un último pico, en el 2013, con 1.766 víctimas.

En la priorización atendiendo a la edad de las víctimas, la Sala determinó una hipótesis de trabajo, que las Farc-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas de 15, 16 y 17 años de edad como parte de su política expresa y formal de reclutamiento. De esto da cuenta el registro de, por lo menos, 9.870 menores de este rango de edad en el universo provisional de hechos, que equivale al 52,85% de los registros.

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