Más de 650 militares han sido víctimas de minas antipersona tras la firma del acuerdo de paz

Los principales acusados de usar estos métodos rechazados por el DIH son las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo

28-09-2020 Militares del Ejército de Colombia
POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA
28-09-2020 Militares del Ejército de Colombia POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA

La Corporación Mil Víctimas, que se dedica a la protección de los derechos humanos de los miembros de las fuerzas armadas colombianas, presentó este miércoles 22 de septiembre un nuevo informe sobre el empleo de artefactos explosivos improvisados, o minas antipersona, tras la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno nacional, en 2016.

Según reportó la entidad, después del 24 de agosto de ese año, se han registrado por lo menos 657 uniformados víctima de este tipo de explosivos. Entre estos, agregó, se cuentan 86 víctimas fatales en lo que categorizan como una “flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario”.

En el reporte también se detalla que el departamento que más casos de este flagelo reporta es Norte de Santander, donde la cifra ya asciende a un total de 232 militares victimas de estos artefactos. Le siguen Nariño con 103 y Arauca con 101.

Con esto, no es de extrañar que la corporación asegure que “las disidencias de las Farc y el ELN son los máximos responsables del uso de estos métodos y medios de guerra ilícito”. Después de todo, se trata de los territorios con más presencia de esas organizaciones, según el Ministerio de Defensa.

No obstante, estas no serían las únicas que emplean ese método. Según informa la misma organización, la estructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, en alianza con la estructura 18 de las disidencias de las Farc, han dejado entre el 2019 y la actualidad un total de 11 militares víctimas del empleo indiscriminado de explosivos, sólo en el departamento de Córdoba.

Cifra relevante, teniendo en cuenta el ataque registrado el pasado 21 de septiembre en zona rural del corregimiento Juan José, en el municipio de Puerto Libertador. El mismo utilizó explosivos para arrebatarles la vida a cinco soldados del Batallón de Operaciones Terrestres 23, de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles.

De acuerdo con información suministrada por el Ejército Nacional, los militares realizaban un movimiento motorizado cuando fueron atacados con artefactos explosivos por presuntos integrantes del GAO Clan del Golfo.

La Séptima División informó que en el hecho, además de los cinco soldados asesinados, otros tres resultaron heridos. Los militares lesionados fueron trasladados vía aérea a un centro asistencial ubicado en Montería, capital de Córdoba.

“Denunciaremos ante las autoridades competentes esta clara violación a los derechos humanos, e infracción a las normas que regula el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el Ejército Nacional en un comunicado.

En ese sentido, “la Corporación Mil Víctimas manifiesta su preocupación por el recurrente uso de métodos y medios de guerra ilícitos, como política de los grupos armados organizados al margen de ley, vulnerando los Derechos Humanos y representado un grave riesgo no solo para la Fuerza Pública sino también para las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario en Colombia”.

Eso, pues argumentan que ese tipo de estrategias de ataque violan el principio de distinción, base del DIH; y el Principio de Limitación, utilizando métodos y medios que no son permitidos por el Derecho de la Haya.

No hay que olvidar, además, que desde el Ministerio de Defensa aseguran que el uso de este tipo de artefactos por parte de los grupos ilegales se está normalizando de manera preocupante. “Lo que hemos visto es que en tres oportunidades especialmente en el caso del uso de explosivitas es una nueva modalidad que están buscando operar en el Cauca para generar amedrentamiento no solo de la población civil, sino de afectar la integridad de los hombres de la fuerza pública”, dijo ayer el jefe de la cartera, Diego Molano.

Con todo, la Corporación elevó un llamado “por el reconocimiento de los militares como víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos; su dignificación es un paso pendiente en el camino de la paz, la reconciliación, reparación integral, y no repetición”.

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