IDU termina contratos que tenían las empresas de Centros Poblados para mantenimiento de la malla vial

Dos empresas integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados tenían contratos con el distrito de Bogotá desde finales de 2020

(COLPRENSA – MAURICIO ALVARADO)
(COLPRENSA – MAURICIO ALVARADO)

Omega Buildings Constructora S.A.S. e Intec de la Costa S.A.S. se quedaron sin los contratos que adelantaban con el distrito, a través de consorcios, desde finales de 2020 para mantenimiento de la malla vial de la capital, por hacer parte de la Unión Temporal Centros Poblados que está involucrada en un presunto caso de corrupción.

Según informó el IDU, a finales de 2020 se adjudicó el contrato 1626 con el Consorcio Construcciones 2020 (al que pertenecía Omega Buildings) por valor de $9.125 millones y el Contrato 1627 con el Consorcio Malla Vial 2020 (del que hacía parte Intec de la Costa), por valor de $8.571 millones para mantenimiento de la malla vial troncal.

A diferencia de los sucedido entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC, en estos contratos el IDU asegura que los consorcios cumplieron a cabalidad con las exigencias de los procesos licitatorios correspondientes y las pólizas bancarias eran auténticas.

Fue ese último documento, en el caso del contrato de aporte No. 1043 de 2020 entre Centros Poblados y el MinTIC para la construcción de más de 7.000 centros digitales rurales, que el Ministerio declaró la caducidad. Esa sanción conlleva inhabilidad sobreviniente respecto a todas las empresas integrantes, entre las que se encontraban Omega Buildings e Intec de la Costa.

Ambas compañías hacían parte de los consorcios que el IDU contrató para el mantenimiento de la malla vial. De modo que, tan pronto se declaró la caducidad del contrato, se solicitó la cesión inmediata de la participación de esas empresas en las obras de Bogotá.

En el proceso de cesión, según informó el IDU, las empresas presentaron firmas para reemplazar su participación en los consorcios, pero no cumplieron los requisitos exigidos para el proceso licitatorio por el que se adjudicaron los contratos. En ese sentido, se procedió a finalizarlos, el contrato 1627 desde el pasado 15 de septiembre y el 1626 que permanece suspendido.

“Enviamos una comunicación pidiéndoles que sustituyan y que cedan esa participación que tenían las empresas en el consorcio a otras empresas, lo cual permite la ley. Lamentablemente, las empresas presentaron nombres de otras empresas que ninguna cumplió ni con los requisitos de capacidad jurídica ni técnica ni de experiencia, ante eso se solicitó la terminación de los contratos”, señaló el director del IDU Diego Sánchez Fonseca.

De acuerdo con el IDU, el contrato 1627 consistía en parcheo, bacheo y cambio de carpeta de tres troncales y algunos puntos de emergencia que afectaban la movilidad en la ciudad. El contrato llegó a un 99.10% de avance al 6 de septiembre de 2021 y se pagaron 7.427 millones de pesos por concepto de desembolsos, con aprobación de la interventora.

Las obras de ese contrato se adelantaron en: Av. NQS: 0.106 km-carril; Autonorte: 7,45 km-carril; Calle 80: 1,12 km-carril; Av. Suba: 0.49 km-carril y Av. Américas: 0.19 kmcarril, para un total de 9,36 km-carril.

Adicionalmente, el contrato 1626 de 2020 presentó un avance físico del 59% con corte al 13 de septiembre de 2021, consistente en la intervención de varias troncales y algunas atenciones de emergencia en la Troncal Calle 6 y Av. Villavicencio, para parcheo, bacheo y cambio de carpeta. En medio del contrato se desembolsaron 3.925 millones de pesos.

“Sus intervenciones fueron en Troncal Caracas, 2.6154 km-carril; en la Calle 26, 1.124 km-carril; en la Av Villavicencio, 0.0086 km- carril; en la Calle 6 0.0588 km- carril y en la Calle 13 eje Ambiental 0.3501 km-carril. Este contrato se encuentra actualmente suspendido, dado que los cesionarios presentados por el consorcio no cumplieron los requisitos requeridos para tal efectos”, sostuvo el IDU.

Omega Buildings Constructora S.A.S. es una empresa radicada en Barranquilla que tuvo una participación minoritario del 15% en la UT Centro Poblados. La compañía tiene como representante legal a Rafael Enrique Romero Payares y, según La FM, tenía otro contrato similar al de Bogotá, en Bucaramanga, pero no tiene amplia experiencia en construcción.

Intec de la Costa S.A.S. tenía también una participación del 15% en la UT Centros Poblados y con domicilio en Barranquilla. Su representante legal es Hugo Armando Canabal Hoyos y, a parte del contrato en Bogotá, tenía otros similares con la Alcaldía de Montería, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y la Gobernación de Bolívar.

Estas dos compañías fueron señaladas por la fiscal delegada en el caso que se sigue contra Emilio Tapia, en medio de la investigación del contrato de Centros Poblados, porque sería el ‘zar de la contratación’ el que las manejaba desde la sombra. Por ejemplo, en el caso de Intec de la Costa, fue una compañía creada por Juan Fernando Lorduy, quien es cuñado del ya condenado corrupto.

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