Enfoques étnico y de género, entre los más quedados en la ejecución del Acuerdo Final de Paz: Procuraduría

Según la jefa del ente de control, ninguna de las comunidades indígenas priorizadas por ese documento cuentan en este momento con un Plan de Retorno, Restitución y Restablecimiento de los Derechos Territoriales implementado. También está en peligro la reforma rural

Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. / Procuraduría
Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. / Procuraduría

Continúan apareciendo voces de alerta por el nivel de implementación del Acuerdo Final de Paz. En esta ocasión, se trata de las recomendaciones de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien acaba de presentar el tercer informe de conclusiones, avances y retos que tiene el fruto de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Farc.

Valga señalar que, dicho documento es el producto del análisis realizado por la entidad entre abril de 2020 y marzo de 2021, y ya fue entregado directamente al presidente de la República, Iván Duque. El mismo contiene 322 recomendaciones dirigidas a 53 entidades públicas que tienen competencia para su ejecución.

Dicho esto, la jefa del Ministerio Público advirtió que le resulta fundamental monitorear de manera más estricta los “cuellos de botella” que se están generando en los territorios. Lo mismo, agregó, debe hacerse con el acompañamiento preventivo de la entidad por medio de un trabajo articulado.

En ese sentido, manifestó que en la implementación del Acuerdo Final de Paz “se deben mejorar las condiciones de seguridad en los territorios, la titulación de tierras a campesinos y reforzar acciones para fortalecer el enfoque de género y étnico”.

Frente a los resultados relacionados con la Reforma Rural Integral manifestó que el 29 % de siete millones de hectáreas contempladas en el Acuerdo Final de Paz han sido formalizadas. Dicho avance va en línea con la alerta emitida hace poco más de un mes por la Contraloría General de la Nación, que advirtió que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, para el próximo año debía haber un margen del 60 %.

En esa misma vía, la procuradora mostró su preocupación por las dificultades en la aprobación de normas sobre garantías y promoción de participación política de organizaciones y movimientos sociales, movilización y protesta social, reforma política y Ley del Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual recomendó al Gobierno nacional promover el debate legislativo de estos proyectos.

Para contrastar el panorama, expuso avances en la cobertura de los componentes de la ruta de reincorporación social y económica para más de 11.500 personas y la compra de 11 predios para la consolidación de nueve Antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (AETCR).

Así mismo, indicó que, “la Procuraduría constituyó agencias especiales para intervenir en los procesos judiciales de 420 crímenes contra lideresas y líderes sociales y 250 hechos victimizantes contra personas en proceso de reincorporación”.

En relación con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se evidencian desafíos, pues solo el 8 % de los beneficiarios han recibido proyectos productivos y aún no existen modelos de sustitución para resguardos y consejos comunitarios. Por tal razón, Cabello recomendó involucrar a los sectores de agricultura y ambiente y a las entidades y autoridades étnicas y territoriales.

Frente al enfoque de género expuso que de 4.606 iniciativas de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sólo el 25.5 % tienen una ruta de implementación definida, y manifestó avances en la territorialización del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en Montes de María, Putumayo, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño.

En cuanto al enfoque étnico, indicó que el 57 % de los 100 indicadores del Plan Marco de Implementación cuentan con una ficha que permite su medición. No obstante, solo se ha adelantado el 19 % de ejecución, mientras que ninguna de las comunidades priorizadas en este capítulo cuenta con un Plan de Retorno, Restitución y Restablecimiento de los Derechos Territoriales implementado.

Para finalizar, añadió que, como parte del seguimiento del órgano de control, se desarrollarán mesas de trabajo con las instituciones públicas, a fin de verificar la implementación de los puntos firmados en el Acuerdo Final de Paz.

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