Gobernador del Magdalena dio detalles de su salida del país por amenazas: “Hago responsable al presidente y a Uribe”

Según la información compartida por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, existe un plan organizado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, para asesinarlo. Razón por la que decidió abandonar el país y acogerse a medidas de seguridad internacionales, con el fin de proteger su vida.

Luego de que se conociera la noticia de que ya no se encontraba en Colombia, el funcionario decidió contar, a través de sus redes sociales, los detalles del supuesto plan en el que pretendían asesinarlo; además, hizo responsables al presidente Duque y al expresidente Álvaro Uribe si algo le llega a pasar; según Caicedo, ambos políticos son responsables de la impunidad a estos grupos paramilitares y de haber creado una campaña de desprestigio en su contra.

Adicional, Caicedo denunció que el uribismo se ha encargado de hacer una serie de montajes en su contra, campañas difamatorias y lo han querido sacar de su puesto para así poder controlar la justicia de la zona, sin embargo, según dice, esto no les ha funcionado y decidieron asesinarlo.

El funcionario reiteró que todo el plan se debe a los diferentes controles judiciales que ha realizado su Gobernación y la poca tolerancia que existe frente a los hechos de violencia y narcotráfico. Adicional dice que lo quieren callar porque hace parte de los partidos de oposición contra el Gobierno nacional.

Versiones preliminares indican que una fuente confiable, cuya identidad no ha sido revelada por seguridad, alertó a allegados de Caicedo acerca de la información antes de finalizar la segunda semana de agosto. Posteriormente, el 17 de agosto, después de recopilar más datos, se dio un encuentro entre esta persona, las autoridades judiciales y el gobernador, y allí se determinó que lo mejor era que el político saliera del país.

Mientras esto se ejecutaba, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, junto al secretario del Interior del Magdalena, Adolfo Bula, se encargaron de instaurar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Una vez iniciado el trámite judicial, los funcionarios se reunieron con el director de la Policía Nacional y del de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para establecer protocolos de seguridad para la familia del gobernador.

Así mismo la situación se puso en conocimiento de dos representantes de las Naciones Unidas (ONU) en el país: el responsable de la Oficina para los Derechos Humanos y el de la Misión de Verificación para el Acuerdo de Paz.

Adicionalmente, una comisión de activistas y políticos del departamento viajó a Washington (Estados Unidos) para exponer el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El grupo, encabezado por Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y amigo de Caicedo, pretende que el órgano internacional dicte medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad del gobernador.

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