Los escándalos del juez que suspendió la caducidad del MinTic al contrato de Centros Poblados

Este martes el juzgado promiscuo de Puerto Colombia admitió la tutela impuesta por la UT y dejó en vilo la decisión de la ministra Karen Abudinen por incumplimiento

Alberto Mario Ospino Soto fue el juez de Puerto Colombia (Atlántico) que aceptó la tutela impuesta por la Unión Temporal Centros Poblados por presunta violación al debido proceso contra el Ministerio de las Tic y que suspendió la caducidad contra el contrato que se ganaron en diciembre de 2020.

Esta decisión no solo deja el contrato pausado y a manos de la UT sino que también impide los embargos que ordenó el Ministerio contra las cuentas de los integrantes. El juez Ospina Soto emitió las ordenes de captura en diciembre de 2020 contra dos jueces y un fiscal por presuntas acciones irregulares por una disputa entre la familia Acosta Bendek por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, siendo el mismo caso por el que el exsenador Eduardo Pulgar fue condenado a más de 50 meses de cárcel.

Ospino Soto está en el cargo desde hace tres años, sin embargo, como juez suplente de manera provisional debido a que el titular de ese cargo, Maicken Dayan Tapia Rodríguez, fue víctima de un atentado en el que dispararon contra su carro e hirieron uno de sus brazos. Tapia llevaba cinco años como juez hasta los hechos ocurridos en julio de 2018. El Tiempo conoció que Ospino fue secretario de juzgado 16 civil del circuito de Barranquilla hasta 2016.

Entonces, el caso de la tutela fue asumida por Ospino Soto porque Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, quien la interpuso, vive en el municipio de Puerto Colombia.

La decisión que tomó el juez de frenar el proceso de caducidad y de embargo, señala: Decrétese como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de las decisiones contenidas en las Resoluciones MINTIC Nos. 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021, y de todas aquellas que se deriven de las mismas, proferidas por la autoridad accionada en contra de la UT Centros Poblados Colombia 2020, hasta tanto se profiera decisión de fondo dentro del presente trámite”.

Desde el Gobierno nacional señalan que se debe recibir la notificación de la decisión provisional para quedar en firme, aunque cuestionan la competencia del juez promiscuo del Atlántico en una actuación administrativa del Ministerio de las TIC, por lo que habrá una apelación que alargará el proceso contra el contratista.

Por su parte, la ministra Karen Abudinen, que calificó a la Unión Temporal Centros Poblados como una “red de tramposos” y “delincuentes”, reaccionó con inconformidad frente a la decisión judicial que obstruyó la caducidad y sesión del contrato que incumplió ese consorcio con el Ministerio de las TIC.

“¡Esto es la tapa del descaro!”, escribió Abudinen en su cuenta de Twitter a raíz de la noticia de la decisión de un juez de Puerto Colombia, en el Atlántico donde se encuentran las oficinas de miembros de Centros Poblados, que concedió medidas cautelares para la caducidad del contrato.

Ante esto, la ministra agregó: “La caducidad está en firme. No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado”.

Según dijo el apoderado de Centros Poblados Jorge Pino Ricci a la emisora Blu Radio, las afirmaciones como “delincuentes” que hizo la ministra no corresponden a la presunción de inocencia y principio de buena fe, toda vez que no hay sentencia penal en la investigación por irregularidades en el contrato. Sin embargo, presentaron la tutela porque no fueron escuchados en el Ministerio, como tampoco los supuestos funcionarios del banco Itaú que firmaron la garantía falsa, como lo solicitaron.

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