Con proyecto de ley, buscan crear la Colegiatura Colombiana de Abogados

El Colegio Colombiano de Juristas, en cabeza de Carmen Luz Consuegra Peña, y el Colegio de Penalistas, orientado por Francisco Bernate, recibieron el apoyo de más de 11 congresistas, entre ellos Germán Varón y José Obdulio Gaviria para radicar ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que se busca crear la Colegiatura Democrática de Abogados Colombianos.

Según explicó el Colegio Colombiano de Juristas, con la iniciativa se busca el reconocimiento de los profesionales de derecho, en colaboración con la rama judicial, además de supervisar y controlar a quienes estén en el ejercicio de su profesión, y en dado caso, aplicar el régimen disciplinario.

Entre los argumentos entregados por los colegios de abogados y los congresistas para la presentación del proyecto de ley, además se resaltó que Colombia se encuentra rezagada frente a otros países del mundo que ya cuentan con este tipo de colegiaturas de carácter nacional.

Por ejemplo, países de Europa como España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Finlandia, Islandia, Grecia, Irlanda, Gran Bretaña; de América del Norte como Estados Unidos y Canadá, o de América Latina como Argentina, Ecuador, Perú, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Uruguay, y Paraguay, ya cuentan con ese tipo de colegiaturas.

“Lo que queremos con la radicación de este proyecto de ley es garantizar la libertad de asociación consagrada constitucionalmente dentro de la sentencia de la Corte Constitucional, que permite que a los colegios de abogados se les entreguen funciones de registro y control, de vigilancia de la profesión, y que organizamos internamente todo el tema de la capacitación y educación legal”, indicó la presidente del Colegio Colombiano de Juristas, Carmen Luz Consuegra Peña.

De aprobarse la Colegiatura de Abogados, está tendría entre otras funciones principales la organización del Registro Nacional de Abogados, la expedición de la Tarjeta Profesional y de licencias temporales, además de la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado.

De igual manera, la entidad se encargaría de sancionar las conductas irregulares de la profesión a través de la Comisión Nacional y Seccional de Disciplina de la abogacía, serviría como consultora del Gobierno Nacional y sus entidades estatales, y regularía los honorarios mínimos de los abogados.

Respecto a la elección e integración del Consejo Directivo Nacional de la Colegiatura, el proyecto de ley señala que estará conformado por nueve miembros, los cuales serán elegidos democráticamente, a través de la postulación de listas por parte de los colegios y abogados no miembros de ninguna colegiatura, con una tarjeta profesional vigente, por un periodo total de 8 años.

Por lo tanto, de aprobarse la iniciativa, la Colegiatura de Abogados se convertiría en una entidad asociativa privada, de orden legal, con personería jurídica y con funciones públicas, reconocida por el Estado colombiano, y cuya sede principal estaría en la capital del país.

Aquí puede ver el proyecto de ley completo

En el Senado de la República proponen una ley en contra del “acoso judicial”

En los últimos días, el senador Rodrigo Lara, dio a conocer que radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley en contra del acoso judicial a periodistas y líderes sociales, a quienes, en distintas ocasiones han intentado silenciar por medio de tutelas o demandas.

“El acoso judicial o litigioso es una forma de abuso del derecho a litigar especialmente encaminada a la intimidación de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, entre otros actores de la sociedad civil con capacidad de difusión e incidencia en la opinión pública, con la intención de silenciar temas de interés público para la ciudadanía”, explica el proyecto de ley.

Por ello, con la iniciativa se pretende adicionar dos parágrafos al artículo 79 del Código General del Proceso, con el fin de establecer reglas con las que se puedan determinar cuando un caso se lleva bajo “temeridad o mala fe”, y por lo tanto, plasmar el concepto de “acoso judicial”.

De aprobarse el proyecto de ley, de igual manera los jueces podrían dictaminar sentencia anticipada, cuando a primera vista se constante que el caso es de “acoso judicial”, lo que además generaría una multa de 30 salarios mínimos.

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