Más de 14.000 personas fueron desplazadas en Nariño durante el primer semestre del año

Roberto Payán, municipio ubicado al norte del departamento, es uno de los más afectados por la violencia. Solo allí, entre abril y junio, han salido de sus casas al menos 10.000 habitantes

Desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia. Foto: Alcaldía Santander
Desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia. Foto: Alcaldía Santander

La violencia se ha recrudecido en Colombia y está afectando principalmente a los departamentos ubicados en el occidente del país, que al tener salida al océano Pacifico, se convierten en un punto estratégico de los delincuentes. Este es el caso de Nariño, donde solo en los primeros seis meses del año se registraron más de 14.200 desplazados. La cifra fue entregada por la Gobernación del departamento, que asegura que está trabajando por atender a los afectados.

“Se han registrado durante este primer semestre en todos el departamento más de 14.200 personas, más de 6.080 familias han sido desplazadas: el municipio de Roberto Payán es uno de los más afectados y desde la administración departamental seguimos articulando esfuerzos no solo con la Unidad para la Atención de Víctimas sino con todas las organizaciones de cooperación internacional en favor de las familias que se han visto afectadas por esta ola de violencia”, explicó Francisco Cerón, secretario de Gobierno de Nariño en RCN Radio.

Las autoridades detallaron que Roberto Payán, municipio ubicado al norte de Nariño, es uno de los más afectados por la violencia. Solo allí, entre abril y junio, han salido al menos 10.000 personas de las veredas hasta el casco urbano para huir de los enfrentamientos que se presentan entre grupos ilegales o entre éstos y el Ejército Nacional. Se indicó que una situación similar se vive en Policarpa, El Rosario y Leyva, municipios ubicados en la cordillera occidental colombiana.

En los lugares mencionados hay una gran extensión de cultivos ilegales, que deriva en disputas por el territorio. Ellos quieren controlar rutas de narcotráfico, sobre todo, aquellas que tienen salida al océano.

“Esta es una oleada de violencia que obedece a es disputa continua y casi permanente de los grupos al margen de la ley que se disputan, no solamente el territorio, sino las rentas y las economías generadas por el negocio ilícito en estas subregiones y en estos municipios y tenemos claro que esta no es una problemática que le corresponde exclusivamente a los municipios o los departamentos, esta es una problemática que debe ser asumida como una problemática de Estado”, dijo Cerón.

En Nariño operan principalmente las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocido como ‘Clan del Golfo’. Además, hace presencia el Ejército Popular de Liberación (Epl), también conocido como ‘Los Pelusos’, y el grupo narcoparamilitar ‘Los Rastrojos’.

Estos grupos también quieren controlar otras zonas del país, por eso la violencia en todo el territorio está desatada y las cifras de desplazamiento son una de las variables que comprueban esto. El pasado 13 de julio, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento del desplazamiento masivo y el confinamiento en el país durante el primer semestre de 2021, en relación con el mismo periodo del año anterior. En general, entre enero y junio de este año, en Colombia se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, que han afectado a 44.290 personas.

En el mismo periodo del año anterior se registró un total de 51 eventos de desplazamiento masivo, que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias.

“Desde la Defensoría del Pueblo hemos desplegado grupos interdisciplinarios con funcionarios de orden nacional, así como funcionarios especializados y defensores comunitarios, que trabajan en terreno, levantan información y hacen seguimiento a la problemática”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Así mismo, el informe de la entidad registró 68 eventos de confinamiento, que obligaron a 36.101 personas, de 192 comunidades, a quedarse dentro de sus territorios. La mayoría de estos eventos están relacionados con el interés de los grupos armados ilegales por los cultivos para uso ilícito, la disputa por el control del narcotráfico y de las rutas de contrabando, y la extracción ilícita de minerales.

Camargo reiteró a las autoridades la urgente necesidad de adoptar medidas de control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos masivos, así como confinamientos con grave afectación a comunidades campesinas y étnicas.

“Es urgente brindar medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones de prevención y protección que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población”, puntualizó el funcionario.

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