Tres empresarios colombianos son imputados por enriquecimiento ilícito por el caso Odebrecht

Ninguno de los llamados a la audiencia de imputación de cargos aceptó su responsabilidad por los delitos. Se les relaciona con sobornos que habrían ingresado a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.

Fotografía de la sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira/Archivo
Fotografía de la sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira/Archivo

La Fiscalía General de la Nación imputó, este viernes 11 de junio, a los empresarios Esteban Moreno, David Portilla y Ricardo Rey (este último escolta del también negociante Andrés Sanmiguel), con los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por concertar un contrato ficticio para gestionar sobornos provenientes de la multinacional Odebrecht, que posteriormente ingresaron a la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos.

De acuerdo con la fiscal del caso, Liliana Calle, “contrato ficticio que sirvió para que la concesionaria Constructora Ruta del Sol ConSol transfiriera la suma de 3.894.748.497 pesos con 78 centavos, con lo que se incrementaría sin justificación y derivado de una actividad ilícita el patrimonio de la empresa Gistic Soluciones Integrales S.A.S, de Edna Karina Méndez Trujillo, Andrés Sanmiguel Castaño, David Fernando Portilla, Ricardo Rey Pulido y Esteban Moreno Pérez y a través de este presuntamente la campaña Santos 2014 - 2018″.

Según la funcionaria, uno de los encargados de recibir el dinero, por medio de un cheque de 853 millones de pesos fue Rey Pulido, quien posteriormente se dirigió a distintas sucursales de Bancolombia para retirar montos en efectivo, que después llegaron a manos de su jefe, Sanmiguel. El último, por su parte, es acusado de hacerle llegar parte de esos recursos a Esteban Moreno. Entre las transacciones, el escolta recibió en su cuenta bancaria otros 251 millones de pesos por concepto de nómina.

Similar es el caso de Portilla, acusado de favorecer el enriquecimiento de terceros con 550 millones de pesos y el propio con 230 millones de pesos, empleando tácticas similares a las de Rey Pulido.

Todo se sustentaba, agregó, en contratos ficticios que suscribían con Odebrecht y que jamás se cumplieron, con lo que las millonarias sumas de dinero terminaban engrosando los bolsillos de los mencionados empresarios y, supuestamente a través de Moreno, las arcas de la campaña Santos Presidente. Recordemos que este último fungía como director de la misma en el Valle del Cauca.

“En Bogotá, entre el 11 y 12 de junio de 2014, el señor Esteban Moreno Pérez incrementó injustificadamente su patrimonio y presuntamente el de la campaña Santos Presidente 2014-2018 (por $3.053 millones). Incremento derivado del subcontrato de obra número FCSC-371 de 2014, con fecha del 27 de febrero de ese año, celebrado entre Ricardo Paredes y Marco Acevedo, representantes del Consorcio Constructor Ruta del Sol -ConSol- y la señora Edna Karina Méndez, representante legal de Gistic Soluciones Integrales S.A.S.”, sentenció la fiscal.

En total, advirtió, la firma constructora brasilera habría repartido 11 millones de dólares en sobornos, sólo en Colombia, con el objetivo de quedarse con contratos de infraestructura como la Ruta del Sol II, en una trama que, además de los mencionados, también envuelve a otras figuras de la política nacional como el exsenador Bernardo ‘El Ñoño’ Elías, el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade y hasta al gerente de la campaña reeleccionista, Roberto Prieto.

Ninguno de los implicados aceptó los cargos de la Fiscalía durante una audiencia llevada a cabo por medio de una videollamada. Sanmiguel, quien también estaba citado, no asistió al trámite, por lo que se espera que en los próximos días se lleve a cabo una nueva reunión para imputarle los mismos delitos.

Sin embargo, el abogado Juan Carlos Padilla, que se desempeña como defensor de Portilla, pidió a la Fiscalía que reconsideren los cargos de lavado de activos contra su cliente, por considerarlos desproporcionados y alejados de la realidad de los hechos expuestos durante la imputación.

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