Sindicato de la UNP denunció contratación masiva en la entidad a pocos días de la transición presidencial

El sindicato Analtraseg, que agrupa a escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y trabajadores de la seguridad privada, denunció presuntas irregularidades en la contratación masiva de personal a tan solo días de la transición presidencial en Colombia.

La organización sindical alertó sobre el ingreso acelerado de más de 200 personas a la entidad sin los filtros de seguridad y formación exigidos por ley. Giovanni Gallo, director de Analtraseg, expuso a Infobae Colombia que la UNP estaría “legalizando hojas de vida” y permitiendo el ingreso de personal carente de experiencia, formación en seguridad y sin pruebas obligatorias como el polígrafo o el examen de polígono.

“¿Qué tal este señor? Faltando tres días metiendo 200 personas. Están legalizando gente que ni siquiera tiene experiencia para taparle la puerta al otro gobierno cuando llegue. Ni siquiera le han hecho estudios de seguridad, ni polígrafo, que es obligatorio, ni polígono, nada”, afirmó Gallo en conversación con este medio.

El dirigente sindical agregó que existen dudas sobre la idoneidad de algunos de los nuevos contratados, entre quienes identificó a exconductores, albañiles y personas con antecedentes laborales cuestionables.

“Nos parece de muy mal gusto que estén ingresando este tipo de personajes, pero eso es fácil. Les advertimos desde ahora que vamos a hacer el cruce de la información y por eso estos señores accedieron a esta empresa para que los contrataran”, añadió Gallo, que anticipó que el sindicato verificará si los nuevos empleados cumplen con el pago de parafiscales y si efectivamente han ejercido la profesión.

Reacciones y advertencias ante la transición de gobierno

La denuncia de Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, se produce a pocos días de la salida de Gustavo Petro de la Presidencia de la República y la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, cuya posesión está programada para el 7 de agosto.

El sindicato advirtió que este proceso de contratación acelerada podría comprometer la seguridad de los protegidos y del propio gobierno entrante, debido a la ausencia de estrictos controles de selección. Gallo señaló que algunos de los nuevos vinculados ni siquiera han presentado las pruebas requeridas en el sector, como el polígrafo y la evaluación física.

“Este personal debe cumplir unos requisitos, que son el polígrafo, que no hay poligrafista en la unidad, no han hecho la prueba de polígono porque no hay munición en la UNP, raro que no haya munición, la prueba física tampoco la han hecho, ni el estudio documental, ni la visita domiciliaria, ni el estudio de seguridad, nada”, reiteró Gallo en Infobae Colombia.

Contexto institucional y advertencias de organismos de control

La controversia se enmarca en el aumento de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, tras la expedición del Decreto 20 de 2026 por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, que autorizó la creación de 6.800 cargos, de los cuales 800 corresponden al área administrativa. Según información obtenida por este medio, los nombramientos comenzarían el martes 3 de agosto, con énfasis en contrataciones directas y bajo la figura de urgencia manifiesta.

La situación no ha pasado desapercibida para los organismos de control. La Contraloría General de la República emitió una advertencia al gobierno saliente de Gustavo Petro por el incremento acelerado en el ritmo de contrataciones tras el levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías.

El ente de control señaló que en apenas cuatro semanas se comprometieron más de $4,5 billones del Presupuesto General de la Nación de 2026 mediante diferentes modalidades, principalmente contratación directa y contratos de prestación de servicios.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó en entrevista con Julio Sánchez Cristo que el equipo de empalme detectó contrataciones por varios billones de pesos en el cierre del gobierno Petro y solicitó a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía ejercer vigilancia preventiva sobre estos procesos.

Preocupaciones sobre la idoneidad y el impacto en la seguridad

El sindicato Analtraseg insistió en la necesidad de revisar minuciosamente las hojas de vida de los nuevos escoltas y verificar la información ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

“Esta es la gente que va a laborar. Sabrán de guerrilla, sabrán de insurgencia, sabrán de otras cosas, menos de ser escolta, porque esta es una profesión que se respeta, hay que formarse”, enfatizó Gallo en su diálogo con Infobae Colombia.

La polémica se acentúa por la inminente asunción de Abelardo de la Espriella como jefe de Estado, en un contexto de inquietud por la transparencia y la legalidad de los procesos de contratación adelantados en los últimos días del gobierno saliente.

Los sindicatos y los organismos de control recalcan la urgencia de garantizar que los nuevos empleados de la UNP cumplan con todos los requisitos legales y técnicos para el desempeño de sus funciones en materia de protección y seguridad.