
Este 5 de junio el grupo de marchantes conocido como la Unión de Resistencias Cali y la primera línea somos todos (URC) rechazaron y condenaron el accionar de la fuerza pública contra lo que ellos llaman ‘puntos de resistencia’. “Queremos comunicar a la ciudadanía, que, tal y como se estableció en el Decreto 304 del 31 de mayo, como URC estamos dispuestos al diálogo para garantizar la protesta social y la vida, y para encontrar salidas a la situación que hoy vive nuestra ciudad. Sin embargo, el decreto 575 emitido por parte del gobierno nacional, desconoce nuestros avances y voluntad de diálogo con el gobierno distrital y nos ataca sin dilación”, señalaron.
Además explicó que el gobierno Duque “quiere justificar su actuación, provocándonos y derramando más sangre, con la clara y desesperada intención de aumentar la violencia y así deslegitimar la protesta social pacífica que hemos venido adelantando. Todo esto, a tres días de la llegada de la CIDH a Colombia”.
Para los jóvenes manifestantes de Cali debe haber solidaridad por parte de la ciudadanía frente a estos hechos. Aseguran además que todos los días se enfrentan a hechos contra sus puntos de resistencia. “El dia de ayer 4 de junio de 2021, los puntos de resistencia Paso del Aguante y La Portada fueron hostigados y atacados violentamente por parte de la policía, el Esmad y militares dejando un lamentable saldo de 5 compañeros de lucha asesinados y más de 24 heridos. Exigimos que se detengan estas acciones, no más derramamiento de sangre, no más levantamiento violento contra nuestros puntos de resistencia”, sostuvieron.
Desde la URC aseguraron que los manifestantes no deben dejar “provocar y responder de la misma manera. No podemos poner más muertos, ni que nos instrumentalicen a favor de la muerte, para que ellos ganen”.
Los integrantes de la Misión de Solidaridad y DD.HH. tras recorrer la ciudad de Cali, Puerto Tejada, Yumbo, punto de resistencia Ecopetrol, Siloé y Calipso pudieron constatar a través de diversos testimonios de las víctimas e informes de las plataformas de derechos humanos la existencia de:
● 93 personas desaparecidas
● 46 personas asesinadas en el marco de la movilización
● 240 personas detenidas
● 149 personas heridas por armas de fuego
Según la organización, la situación que vive la ciudad de Cali ha desencadenado daños irreparables sobre la vida, la integridad física y psicológica de la población, profundizado a partir del decreto 575 del Gobierno nacional, que estableció el toque de queda y la militarización de la ciudad. Otro rasgo característico ha sido la actuación de civiles armados disparando a la par y coordinadamente con las fuerzas públicas.
“La represión en esta zona adquiere características particulares como la connivencia empresarial con la estructura represiva, llegando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones comerciales como centros de detención y tortura, así como punto de avituallamiento y cuartel. El escarmiento a la población ha recorrido hitos represivos que van desde las balaceras indiscriminadas con armas largas hasta los asesinatos atroces de personas previamente desaparecidas. Se recibieron denuncias de referentes juveniles, sociales, sindicales, indígenas, afrodescendientes, religiosos, así como periodistas y activistas de derechos humanos quienes son fuertemente perseguidos, judicializados e investigados bajo la modalidad de espionaje”, señaló la Misión de Solidaridad.
La misión recogió denuncias provenientes de las comunidades negras en las que se enfatiza la dinámica de limpieza social, el despojo territorial forzado y el racismo estructural. Cabe mencionar que, un aspecto distintivo de esta zona es la connivencia empresarial en los hechos represivos, siendo los casos más emblemáticos la empresa Huevos Kike y la Empresa Integral de Empaques.
En el punto de resistencia Yumbo se pudieron constatar varios homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad entre los que se encuentra el caso de Maicol López Cano.
El punto de resistencia de Ecopetrol ha sido público y nacionalmente conocido por ser el sitio desde donde un técnico de la Fiscalía disparó contra tres manifestantes. En la zona los organismos de derechos humanos denuncian la existencia de 149 heridos de bala y al menos seis asesinatos.
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