Duque dice que terroristas “entregaron plata a la gente” para incendiar el Palacio de Justicia de Tuluá

Autoridades ofrecen hasta $ 200 millones por quienes den información sobre los responsables de los hechos da vandalismo en Buga y la muerte del joven Camilo Andrés Arango.

Fotografía que muestra las cenizas que dejó un incendio provocado en el Palacio de Justicia en la noche de este martes, en Tuluá (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Fotografía que muestra las cenizas que dejó un incendio provocado en el Palacio de Justicia en la noche de este martes, en Tuluá (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

La noche del 25 de mayo un grupo de encapuchados incendió el Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca, durante las manifestaciones en el marco del paro nacional. Pese a que el Cuerpo de Bomberos municipal se hizo presente, la situación de orden público impidió que se pudieran controlar las llamas.

Este jueves, dos días después del hecho criminal, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que se están ofreciendo $ 200 millones a quienes den información que permita la captura de los responsables de la conflagración del Palacio de Justicia y la vandalización de 18 establecimientos públicos, además de los disparos que acabaron con la vida de Camilo Andrés Arango García, un joven estudiante de Derecho.

“Fuimos testigos de como terroristas de manera organizada quemaron el Palacio de Justicia de Tuluá, un hecho que nos recordó uno de los peores momentos de nuestra historia”, fueron las palabras de Molano, quien también lamentó la muerte del joven Camilo Andrés Arango y manifestó que hará todo lo posible por recoger las pruebas para dar con los culpables.

La teoría de que fueron terroristas quienes buscaron que el Palacio de Justicia ardiera fue compartida por el presidente Iván Duque, quien ahondó en que dichos grupos organizados le pagaron a algunas personas para la comisión de los actos vandálicos.

El jefe de Estado dijo este 27 de mayo, en un conversatorio organizado por el Diálogo Interamericano y el Centro Wilson, que:

“Tenemos evidencia de que le entregaron plata a la gente para que las personas cometieran esos actos de vandalismo y participaran en todas esas actividades”.

Duque también denominó a la situación de orden pública como “polifacética”, razón por la cual pidió no estigmatizar la protesta social y contribuir para determinar las conductas específicas en cada uno de los actos de vandalismo que se han denunciado los últimos días

“Esta es una situación multifacética donde nosotros tenemos que actuar sin generalizar y sin estigmatizar para determinar cuáles son las conductas en cada uno de estos casos”, agregó.

En el mismo conversatorio, Iván Duque se refirió a la negativa a solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de recibir comisiones verificadoras de la situación de derechos humanos en Colombia, hasta que los entes de control nacionales investiguen cada uno de los casos de abusos denunciados.

“No tenemos nada que ocultar”, sostuvo. Y agregó: “A la fecha tenemos 80 investigaciones de posibles abusos cometidos en las últimas cuatro semanas y esto se hace con la oficina de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y hemos compartido esta información con todas las instituciones que quieran saber cómo nos hemos comportado”.

<b>MinDefensa y Corte Suprema rechazan la violencia</b>

En referencia al incendio en Cauca, el MinDefensa agregó que, “el Gobierno respeta la manifestación pacífica, pero condena los hechos de violencia y terrorismo que limitan los derechos de otros ciudadanos, por eso enfrentamos con decisión la violencia. Pedimos justica, pronta investigación y condena ejemplar”.

Palacio de Justicia de Tuluá. / Colprensa
Palacio de Justicia de Tuluá. / Colprensa

Entretanto, la Corte Suprema de Justicia pronunció: “En momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los Colombianos. El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos”.

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