Colombia aún no ratifica el Acuerdo de Escazú a un día de entrar en vigor

La ratificación es indispensable para garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en estos asuntos.

En la imagen un registro de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, quien afiermó que "el Acuerdo de Escazú es un instrumento para que el crecimiento económico y el respeto al medioambiente caminen juntos". EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo
En la imagen un registro de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, quien afiermó que "el Acuerdo de Escazú es un instrumento para que el crecimiento económico y el respeto al medioambiente caminen juntos". EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Este 22 de abril entrará en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, en referencia a la ciudad costarricense del mismo nombre.

La oficialización del tratado se hará a través de una jornada virtual que empezará a las 11 de la mañana (hora de Colombia), en cabeza de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encargada de la Secretaría del acuerdo.

Dicho encuentro contará con la participación de los doce estados que hacen parte del acuerdo, el cual podrá entrar en vigencia luego de que el pasado 22 de enero alcanzara las once ratificaciones estatales necesarias. Hasta el momento el tratado ha sido aprobado por los congresos de Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador, y Santa Lucía.

¿Y Colombia? Pues bien, la situación en el país cafetero ha sido lenta en lo que respecta a la ratificación del acuerdo ante el Congreso. El pasado 5 de noviembre de 2020, luego de una semana en la que presiones de sectores ambientales y políticos afines al Acuerdo de Escazú incidieron en la opinión pública para llamar la atención del Gobierno en cuanto a la gestión de la iniciativa que espera trámite en el Congreso, la Cancillería y el ministerio de Ambiente dieron luz verde a las discusiones en la comisión segunda para ratificar uno de los articulados más relevantes para la protección del medio ambiente en América.

De acuerdo con la ministra de Exteriores, Claudia Blum, el Gobierno nacional está del lado del acuerdo, por lo que destacó la urgencia para aprobarlo como una de las tareas pendientes de este periodo.

“Este proyecto de ley reafirma el compromiso del Gobierno con la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible. Es una decisión consistente con las apuestas que hemos emprendido a nivel multilateral para combatir el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la deforestación, y para proteger nuestros océanos y reducir la contaminación”.

Cabe aclarar que, dicho llamado de urgencia del Gobierno se traduce en que las comisiones segundas del Senado y la Cámara, encargadas de votar los proyectos relacionados con tratados internacionales, deberán sesionar conjuntamente agilizando así el proceso.

Aún así, y pese a que el acuerdo fue firmado por el Gobierno y radicado en el Congreso el 20 de julio del año pasado, aún hoy no se ha podido sacar adelante ni siquiera el primer de los cuatro debates por los que tiene que pasar el tratado para completar su proceso legislativo. Esto quiere decir que, así el acuerdo entre en vigencia, en Colombia no habrá ningún compromiso que garantice el cumplimiento de lo pactado.

De hecho se ha intentado dar inicio al primer debate en cuatro ocasiones y hasta hoy los congresistas de dichas comisiones no han podido ponerse de acuerdo para comenzar con el trámite.

<b>La relevancia del Acuerdo de Escazú</b>

La importancia de Escazú reside en ser el primer acuerdo regional a nivel mundial que establece garantías sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Además, constituye un instrumento legal sin precedentes que reúne los derechos ambientales y los derechos humanos.

Su carácter vinculante, emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), lo vuelve un instrumento pionero que logró en su momento el consenso regional ambiental de América Latina y el Caribe.

SEGUIR LEYENDO:








TE PUEDE INTERESAR