Gobierno entrega a la JEP plan para proteger a excombatientes de las Farc y sus familias

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, hizo entrega del Plan Estratégico de Seguridad a la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.

En la imagen un registro del alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien entregó este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Fiscalía General "el reporte sobre el trabajo relativo a los bienes inventariados por las antiguas FARC". EFE/Luis Noriega/Archivo
En la imagen un registro del alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien entregó este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Fiscalía General "el reporte sobre el trabajo relativo a los bienes inventariados por las antiguas FARC". EFE/Luis Noriega/Archivo

Tras la muerte de más de 250 desmovilizados de las Farc en lo que va corrido desde la firma del acuerdo de paz, este miércoles 7 de abril, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, hizo entrega del Plan Estratégico de Seguridad a la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En el documento están reunidas las acciones de los ministerios del Interior, Defensa y de las Fuerzas Armadas, mientras que la Unidad Nacional de Protección y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, integrará las de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

El funcionario explicó que, el plan tiene ocho líneas estratégicas en torno a la prevención, protección, investigación, judicialización, seguridad humana integral, enfoque diferencial de género, coordinación interinstitucional y garantías de seguridad en la participación electoral de los excombatientes.

“La reducción en la cifra de homicidios es un reflejo de las medidas que estamos aplicando y por supuesto el ideal para una democracia, para cualquier sociedad y por supuesto para nosotros es tener cero homicidios”, manifestó el funcionario.

La JEP sostuvo además que, “la muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar dónde se encuentran los restos de sus seres queridos”.

El pasado 30 de marzo, la Consejería para la Estabilización entregó el informe “Medidas de seguridad para personas en reincorporación”, con el balance de agosto de 2018 a febrero de 2021, lo equivalente a 30 meses.

El documento señala que, 13.999 personas están acreditadas y desvinculadas, con certificación de la OACP en el marco de los acuerdos con las Farc. “De ellas 13.098 personas se encuentran en proceso de reincorporación activo con la ARN. La generalidad de ellas está recibiendo apoyo psicosocial para la reincorporación y una renta básica temporal, salvo los que ya se han vinculado a actividades laborales o productivas”.

Así mismo, de las 13.098 en proceso de reincorporación, solo 2.579 han optado por permanecer en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en procesos colectivos de reincorporación, mientras 9.614 de ellas se han ubicado por su propia cuenta en distintos puntos alrededor del territorio nacional.

Uno de los datos que llama la atención del informe de seguridad es que, al 26 de febrero de 2021 se registran 245 homicidios de excombatientes de las Farc, 40 tentativas de homicidio y 15 desapariciones forzadas.

Así mismo, el 69,6 % de estas afectaciones se produjeron en el sector rural y las víctimas han sido principalmente hombres en procesos individuales de reincorporación por fuera de ETCR, ubicados en zonas en las que se están presentado conflictos de control territorial por economías ilegales.

De acuerdo con el informe, los asesinados no habían reportado amenazas, ni iniciado rutas de protección individual ante la UNP.

En el documento también se dieron a conocer los cinco departamentos con mayor afectación a personas en proceso de reincorporación: Cauca con 53 casos, Nariño con 37, Antioquia con 32 casos, Caquetá 25 y Norte de Santander con 24 casos.

Igualmente, los municipios con mayor registro son: Tumaco, 17 casos, Ituango con 15 casos, Puerto Asís con 11, Argelia con 10 y Cali con 9 casos.

“Las cifras hacen evidente que uno de los puntos en los que el Estado debe redoblar esfuerzos es el de seguridad para los excombatientes que adelantan su proceso de reincorporación de manera individual (población dispersa), no en los ETCR, para la cual se ha dispuesto estructurar un programa específico de intervención”, explican en el informe de la Consejería.

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