Las solicitudes especiales para el porte legal de armas en Colombia se incrementaron en el 2021

Este 16 de marzo comenzó la segunda legislatura en el Congreso de la República, en la que se debatió la reforma tributaria y la regulación del trabajo en casa. Además de estos dos proyectos de ley también se discutirá una nueva regulación al porte ilegal de armas en Colombia.

Quien dio a conocer la noticia fue la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, a través de una publicación en Twitter, acompañada de un video, en la que comentó: “El porte legal de armas es poder ejercer nuestra legítima defensa. ¡Mi vida también vale!”.

El debate del porte de armas, ha creado varias reacciones e inconformidad, incluso Álvaro Uribe Vélez publico en su twitter “Tema muy delicado, no pidamos generalización de porte de armas, manteniendo el decreto de desarme se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales y por razones plenamente justificadas”.

Sin embargo, más allá del debate en el senado en Colombia, pese a que el porte legal de armas no es un tramite tan sencillo o rápido como en otros países. Existen procedimiento que permiten que en Colombia se pueda tener un arma, sólo que bajo razones que lo justifiquen.

Los permisos especiales se tramitan ante las unidades militares, y pueden ser de carácter regional, solo para portarla en el departamento donde reside el solicitante; o nacional, que le permite llevar el arma por todo el país.

Los permisos hay que renovarlos cada año, y es un comité especial el que se encarga de avalar o negar las solicitudes demostrando argumentos de “urgencia o seguridad”, para esto las personas deben presentar pruebas como denuncias ante las autoridades, investigaciones por los hechos denunciados, que se ha sido secuestrado o que se tienen amenazas, entre otras.

Pese a que aparentemente, es un tramite complicado y cerrado, en el 2021 se han triplicado las solicitudes como los señaló El Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), en lo corrido de este año se han recibido 3.577 solicitudes de permisos especiales para portar armas.

Es decir que en promedio, se han hecho 47 solicitudes por día. Lo que representa un incremento del 284% en las solicitudes de permisos especiales con respecto a las peticiones hechas en el 2020.

El incremento de las solicitudes de los permisos especiales podrían estar relacionados con varios factores, como la incertidumbre generada por la pandemia y la angustia que algunas personas estarían enfrentando por las percepciones de inseguridad, así lo señaló una fuente del DCCAE a EL TIEMPO.

Pues la reactivación económica ha dejado en evidencia que la delincuencia común sigue activa, pese a que el año pasado el Gobierno presentó cifras que demostraban que en el 2020, los robos y otras formas de delito común habían disminuido.

Otras razón que señaló el DCCAE, en cuanto a las zonas rurales los que más solicitan estos permisos especiales son las autoridades civiles locales, aludiendo razones de seguridad por amenazas de los grupos armados organizados, como el Eln, ‘los Caparros’, ‘clan del Golfo’ y disidencias.

Esto esta relacionado de forma directa con el aumento de masacres, asesinatos a lideres sociales y exacerbación de violencia en los territorios. Pues el 2020 y el 2021 han presentado cifras preocupantes, en lo que va del años, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha documentado 14 masacres, que han dejado 56 víctimas mortales. Es decir, en Colombia mueren 1,05 personas a diario en una masacre.

Otro sector que recurre a esta alternativa es el de comerciantes y empresarios que temen ser víctimas de actividades delictivas relacionadas con hurtos, secuestro o extorsiones. Por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla las personas que se dedican al comercio son constantemente extorsionadas. A comienzo de año fueron victima de una bomba como advertencia de alias ‘Otón’ para que cumplieran con los pagos de las ‘vacunas’.

Por ahora, el Gobierno Nacional ha manifestado que no esta de acuerdo con la legalización del porte de armas, pues esto “no son un derecho” y que la política de Duque es el “desarme general”.

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