La JEP aplaza las audiencias de Pablo Catatumbo y Pastor Alape por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

Pablo Catatumbo dijo estar enfermo debido a las secuelas del covid-19.

Bogotá. Septiembre 23 de 2019. Ex dirigentes de la guerrilla de las FARC - EP dieron rueda de prensa a la opinión pública frente a la comparecencia voluntaria dentro del caso 001 en la sala de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. En la foto: Pastor Alape. (Colprensa - Camila Díaz)
Bogotá. Septiembre 23 de 2019. Ex dirigentes de la guerrilla de las FARC - EP dieron rueda de prensa a la opinión pública frente a la comparecencia voluntaria dentro del caso 001 en la sala de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. En la foto: Pastor Alape. (Colprensa - Camila Díaz)

Este 15 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que aplazará la audiencia de aporte temprano a la verdad de los excomandantes de las Farc, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, llamados a declarar por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otros cinco asesinatos.

De acuerdo con W Radio, la audiencia de Alape sería el próximo 25 de mayo, pues aseguró que no podía desplazarse hasta Bogotá este 15 de marzo. Por el lado de Catatumbo, este alega estar enfermo debido a secuelas del covid-19, por lo que su citación fue movida hasta el próximo 27 de mayo.

La emisora conoció un documento en que el despacho solicita que se reprogramen la versión de Catatumbo en el macrocaso 02, por problemas médicos que estarían sufriendo él y su abogado.

Es viable ampliar el tiempo razonable para que el señor Torres Victoria (Catatumbo) continúe con la revisión de los informes. Este tiempo permitirá igualmente que el abogado del compareciente termine de atender las afectaciones sufridas en la salud suya y de su familia.

<b>Caso de Álvaro Gómez Hurtado</b>

El 2 de noviembre de 1995, el periodista y líder conservador Álvaro Gómez Hurtado abandonó las aulas de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba una clase de cultura colombiana, para nunca volver. Tampoco regresó a su hogar. Cuando las manecillas del reloj marcaban las 10:20 de la mañana de ese jueves, fue baleado en su carro por dos personas a las que jamás se logró identificar.

Junto con su escolta, José del Cristo Huertas, Gómez Hurtado falleció en la Clínica El Country, en el norte de Bogotá, a escasas 10 calles de donde fue abatido. 25 años después del magnicidio, uno de los actos de violencia que marcó la década del 90 del país y por el que incluso se investigó al expresidente de la República, Ernesto Samper, el crimen sigue impune.

Las hipótesis del magnicidio

Hace menos de un mes, concretamente el pasado 3 de octubre, la extinta guerrilla de las FARC, hoy partido político Partido Comunes, reconoció a través de una carta dirigida a la Justicia Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Dicha confesión, sin embargo, despertó desconfianza no solo entre la familia de la víctima, sino por figuras de la política nacional, como el presidente Iván Duque, quien posterior a la declaración de las FARC manifestó que le generaba dudas que se adjudiquen el crimen cuando saben que por la firma de los Acuerdos de Paz no pagarán cárcel.

“Que la justicia cumpla con su tarea, pero también que no vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato”, dijo el mandatario del país.

La duda frente a la confesión de las farc radica en que durante 25 años nunca se les contempló como presuntos autores de magnicidio. Durante este cuarto de siglo la Fiscalía planteó tres hipótesis sobre el asesinato de Gómez Hurtado, declarado Delito de Lesa Humanidad en 2017:

Una de las hipótesis que más fuerza tuvo en el caso, fue la de la participación del cartel del Norte del Valle. La organización, dedicada al narcotráfico, tenía una ‘política’ de exterminio contra quienes se opusieron al negocio ilícito de las drogas y quienes defendieron la extradición de los ‘capos’ del país.

En esta línea de investigación se relaciona al expresidente Ernesto Samper, tras el escándalo del Proceso 8.000, que reveló la financiación del cartel a su campaña presidencial de 1994, hecho que Gómez Hurtado denunció públicamente a través del periódico El Nuevo Siglo. Sin embargo, Samper siempre negó su participación en el magnicidio y la Fiscalía General de la Nación no pudo probar ninguna relación.

La alianza entre militares de extrema derecha con supuestos paramilitares del departamento de Sucre, por la que la Procuraduría General de la Nación alcanzó a formular cargos, fue otra de las teorías planteadas en torno al magnicidio.

Las autoridades también contemplaron la participación de hombres de la Brigada 20 del Ejército en el crimen y una supuesta retaliación porque Gómez Hurtado no se habría prestado para apoyar un intento de golpe de Estado al gobierno Samper.

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