“Niñas y niños fueron las principales víctimas del conflicto armado en Colombia”: presidente de la JEP

El presidente del tribunal de paz, Eduardo Cifuentes, agradeció el informe que entregó el ICBF que retrata cómo entre 1997 y 2000 miles de niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por los actores del conflicto armado en Colombia.

Foto: (Colprensa - Germán Arenas)
Foto: (Colprensa - Germán Arenas)

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, reiteró que el tribunal de paz investigará, juzgará y sancionará a los máximos responsables del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.

Cifuentes intervino durante la entrega del ‘Informe Institucional de Casos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito por parte de las Farc-EP’, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a la JEP.

El magistrado recordó que, aunque los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, esto no pasó para aquellos que se vieron afectados por el conflicto armado, destruyó sus vidas y violó masivamente sus derechos humanos.

Los actores armados, en efecto, al reclutarlos y utilizarlos incurrieron sistemáticamente en las más graves vulneraciones de los derechos humanos, tanto desde el punto de vista del derecho interno como del DIH, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Las niñas y los niños fueron “las principales víctimas del conflicto armado”, al ser incorporados directamente en la confrontación armada, pero también al ser usados como mensajeros, centinelas, cocineros y hasta compañeros sexuales.

El presidente de la JEP recordó que en el caso 07 se investigan alrededor de 8.000 hechos victimizantes relacionados con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado, aunque esta es una cifra provisional. Dijo además que, ellos fueron víctimas de una masiva violación a sus derechos fundamentales, pues les fueron vulnerados sus derechos a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, a estar vinculados a una familia y al libre desarrollo de la personalidad.

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, habló de la supuesta intromisión del presidente en el tribunal transicional. Foto: Colprensa
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, habló de la supuesta intromisión del presidente en el tribunal transicional. Foto: Colprensa

En el caso de los niños indígenas, afrodescendientes, negros, gitanos y raizales, destacó que no solo fueron vinculados al conflicto armado, sino que fueron desarraigados de sus comunidades originales.

El magistrado Cifuentes se comprometió a que la JEP va a trabajar no solo para encontrar y sancionar a los máximos responsables de estos hechos, sino también a que estos hechos no se repitan y a obtener una reparación integral para las víctimas. Dentro de los datos destacados por el presidente de la JEP se mencionó que, de los 4.219 casos que investiga la Fiscalía General solamente han sido dictadas diez condenas.

Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, dijo: “ponemos a disposición de la JEP los expedientes del ICBF para que logremos alcanzar eso que anhelamos todos los colombianos: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Lina Arbeláez, directora del ICBF
Lina Arbeláez, directora del ICBF

Mientras tanto, Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, quien también asistió al acto, aseguró que “en el informe del ICBF se pudo evidenciar que el 70 por ciento de las víctimas son hombres y el 30 por ciento son mujeres. El 11 por ciento pertenecía a las poblaciones indígenas”.

A su vez, la relatora del macrocaso 07, la magistrada Lily Andrea Rueda, explicó que el delito de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes “no solo afecta a los individuos, afecta profundamente a las familias de las víctimas” y aseguró que a la fecha “hemos incorporado al expediente de este caso 32 informes que fueron presentados por organizaciones de víctimas, organizaciones indígenas y de otras corporaciones del Estado colombiano”.

“Desde la Sala de Reconocimiento y particularmente del caso 07 agradecemos a las instituciones que entregan el informe, no solo por el aporte al avance de la investigación, sino porque refleja la confianza que se tiene en la JEP”, agregó Rueda.

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